Emite la CNDH recomendación

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que marinos no brindaron atención médica a los integrantes de una familia a la que agredieron desde un helicóptero en Nuevo Laredo, en hechos en los que murieron una madre de familia y dos pequeños, además de heridos padre e hijo, todos víctimas colaterales.

Se trata de los hechos que ocurrieron la madrugada del 25 de marzo de 2018 luego de un enfrentamiento en una carretera con un grupo criminal en el que murió un capitán y otros siete marinos resultaron heridos.

Según la Recomendación 4/2019, la aeronave de la Marina despegó de Reynosa para brindar apoyo disuasivo en Nuevo Laredo, donde el personal naval había sido atacado, aunque al llegar al lugar los agresores se estaban dispersando y ya había terminado el enfrentamiento armado.

Sin embargo, desde el helicóptero atacaron con una ametralladora que dispara 3 mil proyectiles por minuto a un vehículo en el que viajaba una familia, impactándolo al menos en 38 ocasiones, por lo que murieron la madre y dos niñas, y quedaron heridos el padre y otro hijo.

“Las víctimas sobrevivientes narraron que después de la agresión, cuando el vehículo en el que iban se detuvo por completo en medio de la carretera, observaron que la aeronave se acercó a su automóvil y que de la misma descendió personal uniformado que se habría percatado que las personas que iban en el vehículo eran integrantes de una familia y que algunas resultaron lesionadas”, indica la recomendación de la CNDH.

“No obstante, (el personal federal) se retiró del lugar sin brindarles auxilio, a pesar de que el Manual del Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas establece la obligación de procurar o permitir a las personas lesionadas atención médica o su traslado a la instalación sanitaria más cercana”.

Para la CNDH, el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad, por lo que fue un uso arbitrario de la fuerza y contravino diversos principios, manuales y directivas de la Marina.

“(Se) acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal y a la seguridad jurídica en agravio de quienes viajaban en dicho automóvil, por el uso arbitrario de la fuerza letal y la omisión de brindar auxilio”, concluyó el organismo.

Dos semanas después, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) comprobó que la familia había muerto por los disparos del helicóptero de la Marina, institución que asumió la responsabilidad.

En su recomendación, la CNDH le pide a la Marina que la información que publique en comunicados de prensa sea objetiva, veraz y confiable, pues en una primera instancia la corporación trató de deslindarse de los hechos.

Aceptan recomendación

La Secretaría de Marina aceptó la Recomendación 04/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por el ataque a una familia desde un helicóptero en Tamaulipas.

La dependencia ordenó a su personal que emplee de manera permanente y sin excepción las cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio para documentar los hechos en que intervengan.

“Esta institución ratifica su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y tomar las medidas necesarias para reparar a las víctimas, y evitar que se repitan hechos similares que pongan en riesgo el derecho a la integridad personal y seguridad jurídica de la población”, apuntó la Semar.

Reveló que el 24 de abril de 2018, el Jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Marina se presentó en el hospital en el que se encontraba una de las víctimas y su representante legal para ofrecerle una disculpa privada por los hechos.

“Se giraron las instrucciones correspondientes para que se coordinara y brindara la atención médica, psicoterapéutica y psicológica con enfoque diferencial a las víctimas directas e indirectas”, añadió.

En los hechos, la Marina se comprometió a reparar el derecho a un proyecto de vida de las menores sobrevivientes del evento, y una menor más en observancia con la apertura de tres fideicomisos, cuyo objeto es sufragar gastos de educación hasta en tanto cumplan 23 años de edad, concluyan sus estudios superiores y/o puedan iniciar un negocio u oficio con el fin de garantizar el derecho a un proyecto de vida y a la educación.

Asimismo, informó que se lleva a cabo la reparación integral del daño en términos de la Ley General de Victimas y su inscripción al Registro Nacional de Victimas.

Para efectos de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, se notificó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Marina sobre los hechos.

Por lo que respecta a las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, la dependencia informó que colabora ampliamente en el desahogo de los requerimientos de dicha autoridad.