El modelo penal acusatorio, a la deriva en un mar de impunidad

Cuando el Congreso decidió cambiar el modelo de justicia en México, hace una década, dejó la operación en manos del presidente, los gobernadores y los jueces, quienes dispusieron de miles de millones de pesos y tuvieron ocho años para capacitarse.

Hoy, a dos años de que se iniciara la “puesta en marcha” del sistema penal acusatorio en el país, las policías siguen sin investigar, los agentes del Ministerio Público tienen el control absoluto de las indagatorias y los jueces deben liberar por falta de pruebas, aunque existan delitos.

El resultado es que la impunidad, ya de por sí casi total, se ha ­institucionalizado, asegura María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, organización dedicada a la evaluación del ejercicio del gobierno en México.

Para esconder sus incumplimientos en un sistema en el que no creen y, sobre todo, explicar el aumento de la violencia en el país, abunda, los gobernadores responsabilizan al sistema penal acusatorio, al que tachan de hipergarantista con los acusados.

Lo que quieren es más gente en la cárcel y en los hechos han entorpecido su funcionamiento. Las policías en el país han reducido las detenciones y las procuradurías o fiscalías siguen decidiendo a quién procesar, en la lógica del sistema inquisitorial. Lo mismo que los jueces cuando se trata de resolver un amparo.

A dos años, las cifras oficiales indican una disminución de las capturas casi de 40%. Además, de cada 10 casos, el Ministerio Público sólo manda dos a los juzgados y menos de 1% llega a juicio oral, figura central en el sistema de justicia adversarial.

Novoa ha revisado cómo se ha echado a andar el nuevo sistema. A contracorriente, dice, por falta de información de parte de los gobiernos federal y estatales, a pesar de su obligación legal de informar cada seis meses al Congreso sobre lo que han hecho.

Cuando el sistema de justicia acusatorio entró en vigor, en junio de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió desaparecer la Secretaría Técnica (Setec) creada para su implementación y pasó esa labor de coordinación a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Dependiente entonces de la Secretaría de Gobernación, el sistema de justicia ­quedó en el área de seguridad. “Ya se habían dejado muchos vacíos en los ocho años de la implementación, y con la decisión de enviar el tema al SESNSP, le dieron una perspectiva de seguridad pública, punitiva, y se perdió la parte de justicia”, dice Novoa en entrevista con Proceso el miércoles 19.

El resultado es que en estos dos años no se apoyó a la Defensoría Pública, uno de los pilares del sistema, ni a los poderes judiciales locales, asegura la autora de cinco evaluaciones sobre el funcionamiento del mismo.