El INAH sufrirá un recorte feroz

Ciudad de México.

Al pedir a los trabajadores el mayor sacrificio, comprensión y solidaridad, destacó que las medidas tomadas para enfrentar los problemas que arrastra desde antes de la pandemia son muy comprensibles y necesarias, entre ellas la extinción del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural (Fideinah), como reportó Apro el pasado 27 de abril.

Un grupo de más de 160 investigadores del INAH, entre ellos varios eméritos, coincidió a través de una carta publicada en estas páginas (Proceso 2269) en la necesidad de reorientar el gasto público, pero rechazó que los problemas se resuelvan creando otros igual de graves o “vulnerando las tareas sustantivas del Estado”.

Según Prieto, del presupuesto total, 82% –equivalente a 2 mil 951 millones de pesos– va al personal de base, “eso es lo que cuesta”; alrededor de 6.6%, 255 mdp, es para personal de confianza; y 4.5% a eventuales, dejando a la operación del instituto entre 2% y 3% del presupuesto anual, lo cual es “un desequilibro enorme”. Se subsana con los llamados autogenerados, pero se ha señalado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha retrasado en su entrega. Ahora se suma el hecho de que la emergencia sanitaria mantiene cerrados museos y zonas arqueológicas, por lo cual no se reciben esos ingresos.

La reducción de 50% que les exige la Secretaría de la Función Pública, añadió, pegará a los rubros de operación (telefonía, luz, arrendamientos, seguros); gastos por servicios personales, que es el capítulo 3000, mediante el cual se han contratado desde hace más de una década investigadores, especialistas y trabajadores a los cuales no se les ha podido dar una base. Y no se hará ahora, pues Hacienda ha puesto énfasis en que se suspende toda contratación que no esté autorizada por dicha dependencia.

DEFINIRÁN PRIORIDADES

Asimismo, se deben reducir los recursos de 155 mdp aprobados inicialmente para el Sistema Institucional de Proyectos en, por lo menos, 42%, y ejercer un máximo de 90 mdp, para lo cual cada centro de trabajo definirá sus prioridades.

Al doctor en ciencias Iván Franco Cáceres, investigador del Centro INAH-Yucatán y autor de ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural de México?, no le sorprende ya esta situación. Considera que la “debacle” del INAH inició con la creación, a instancias del grupo de Octavio Paz, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en 1988, y se reafirmó al transformarlo en la Secretaría de Cultura en 2015.

Era una institución vinculada en su origen, en el gobierno cardenista, a la educación.

“El problema –dice– es que el Estado dejó de ser educador” para convertirse, a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en un Estado mercader, “ya no era un Estado de bienestar social, sino neoliberal, y puso todas las actividades culturales en una misma bolsa, incluidas las nuestras”.

Hace una analogía con lo que ha señalado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre el sector salud, y el cultural:

“Fuimos abandonados. Fueron debilitando la concepción original de vincular aspectos educativos y culturales formativos, que complementan una forma de hacer historia, de entendernos como sociedad, y no se consolidaron las instituciones.”

Comenzó a imponerse, añade, un discurso cada vez más fuerte de grupos vinculados al concepto de economía y cultura, para dar preferencia a cierto tipo de actividades artísticas y culturales, asesores de partidos políticos, los mismos partidos políticos y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien –pese a su discurso– mantiene la aplicación de políticas neoliberales.

“No es nada distinto pues lo que le interesa es que el INAH cumpla su lógica de institución de Estado y que los investigadores se vayan a hacer salvamentos para el Tren Maya, en lugar de consolidar proyectos, sobre todo históricos y antropológicos.”

Descarta que esta disminución del presupuesto sea la muerte del instituto, pues ha vivido momentos similares. Pero pone énfasis en que, con el cambio de régimen, a lo que debería apostarse (o al menos tener una consideración mayor) es a las instituciones creadas para educar. Y sin embargo, enfatiza, “les siguen dando golpes”.

Se le pregunta por qué las autoridades del INAH han cedido, primero en la cancelación del Fideinah y ahora en el recorte de recursos. En su opinión el director y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, son en realidad aliados, y ella viene de una tradición formada con los parámetros neoliberales, que se consolidaron con el expresidente del Conaculta y fundador de la SC, Rafael Tovar y de Teresa.

PROBLEMA VIENE DE ATRÁS

El problema de los trabajadores del capítulo 3000 no viene de la pandemia, sino de años atrás. Proceso recogió el testimonio de varios de ellos, que laboran en distintos centros INAH del interior del país, museos, zonas arqueológicas, integrantes de la representación sindical de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y colectivo #YaPágameINAH.

Hablan de que hay contratados con más de 15 años laborando de esta precaria manera: sin base, sin prestaciones, con contratos que no duran un año completo para que no generen antigüedad, y con el problema añadido de que sus pagos de diciembre a marzo se retrasan.

Prefieren mantener el anonimato porque, pese a esta precariedad, están a la espera de la renovación de sus contratos y temen que, como una forma de represalia, se suspenda el proceso. El caso de los arqueólogos es quizá más dramático porque a diferencia de otros profesionistas (historiadores, restauradores, profesores), la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que sólo el INAH puede intervenir los monumentos prehispánicos, así que si no son contratados por él difícilmente podrán trabajar en otra institución.

Por solidaridad con sus colegas contratados por el capítulo 3000, la investigadora de base Hortensia de Vega Nova ofrece también su testimonio para deplorar la falta de certeza laboral y se extiendan contratos de cinco o cinco meses y medio, lo que obliga al empleado a salirse e iniciar un nuevo contrato.

Pone énfasis en que quienes padecen esa situación son ayudantes de investigación, arqueólogos, arquitectos, restauradores, que hacen análisis de materiales y a quienes se les paga “como si limpiaran los baños”, sin ningún respeto a su formación profesional. Por ello, y con el fin de poder cumplir con sus compromisos con el INAH, ella ha asumido el pago del salario mensual de su asistente, contratada desde hace cerca de 20 años sin que hasta el momento haya obtenido una base.

PIDE SOLIDARIDAD

En su videoconferencia, Prieto solicitó ser solidarios con este tipo de trabajadores, pero a la investigadora le parece que la situación no debe ser así. Ella puede ayudar a su asistente, pero no todos, y “hay más administradores que investigadores”, dice, por lo cual pide realizarse un diagnóstico y no abandonar a los investigadores ni poner en riesgo las actividades sustantivas.

“El trabajo de los administradores debe apoyar el de investigación, pero no es así, por lo menos en el centro donde yo trabajo hay más de un administrativo por investigador.”

Cuando entró a trabajar al instituto hace más de 40 años, refiere, había poco más de 800 investigadores, y ahora no pasan de mil:

“No es posible que no abran plazas para los jóvenes. Me duele porque los egresados de arqueología de la ENAH andan vendiendo periódicos, no hay respeto a su trabajo.”