El derecho al agua, una justicia denegada
Septiembre 18, 2020 - 06:23 p.m.
En su informe de seguimiento sobre México, Léo Heller, relator de la ONU sobre el derecho humano al agua, advierte que el país ha dado una atención nula a sus recomendaciones sobre la materia
En su informe de seguimiento sobre México, Léo Heller, relator de la ONU sobre el derecho humano al agua, advierte que el país ha dado una atención nula a sus recomendaciones sobre la materia. Pese a ello, el experto pide al gobierno de la 4T actualizar las normas de calidad del agua potable y ejercer una vigilancia más estricta de la calidad del líquido orientada a la protección de la salud.
En un informe de seguimiento sobre su visita a México, Heller hace una evaluación en la que destaca la falta de información por parte del gobierno y concluye que prácticamente no ha habido un progreso importante en la atención a sus recomendaciones.
Tras su visita del 2 al 12 de mayo de 2017, Heller pidió “asegurar los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y su saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y garantizar su seguridad y su protección con arreglo a la ley y en la práctica”.
Según el seguimiento, consultado por la reportera, la Ley de Aguas Nacionales indica que toda persona u organización puede recurrir a la denuncia cuando se cometan actos que puedan producir daños a los recursos hídricos o a sus bienes inherentes, en los términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
“El gobierno también ha indicado que, según el artículo 9 de la Constitución, no se considera ilegal, ni puede ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta, si no se profieren injurias contra ésta ni se hace uso de violencia o amenazas”, observa Heller en el documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes 15 en Ginebra.
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El experto de la ONU se queja porque, dice, “el gobierno no ha proporcionado información sobre medidas concretas para garantizar el derecho a la protesta por cuestiones relativas a los derechos al agua y el saneamiento”.
Y puntualiza: “El derecho a la protesta, aunque consagrado en la Constitución, no está plenamente garantizado en la práctica. Los y las defensores de derechos ambientales y humanos, incluidos los de agua y saneamiento, son objeto de ataques, agresiones, persecuciones e incluso encarcelamiento”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2289 del semanario Proceso, cuya edición digital puedes adquirir aquí.