El 90% de mexicanos considera la corrupción una práctica frecuente

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas en México el año pasado consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal, quienes buscan obtener beneficios personales, como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio, de acuerdo con un documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del día internacional contra la corrupción, el próximo 9 de diciembre.

Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de ésta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público.

Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 mil 541 delitos por cada cien mil habitantes) fuera incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público.

Respecto a las empresas, 247 mil 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en 2017. La prevalencia de corrupción también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos el año pasado.

Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 mil 218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 mil 146 millones de pesos.

Por su parte, se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de 1 612 millones de pesos en 2016.

Pese a que el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población, la carga económica por cada empresa es significativamente mayor. Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 mil 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 mil 273 pesos.

De acuerdo con los tipos de trámites o solicitud de servicios que realizaron las personas en 2017 y las empresas en 2016, se observa que a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal.

Aunque se trata de un fenómeno extendido a lo largo del país, es posible distinguir diferencias entre entidades. En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la prevalencia de corrupción a nivel nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%.

Al considerar lo reportado por las unidades económicas en 2017, se observa cierta congruencia en las entidades donde la población reportó las mayores y las menores prevalencias de corrupción. De nuevo destaca la Ciudad de México como la entidad con la mayor proporción de establecimientos víctimas de corrupción con 11 de cada 100 unidades económicas, seguida por los estados de México, Morelos y Quintana Roo.