Ecuador: Enfrentamientos dejan al menos 68 muertos en cárcel

Una intensa balacera entre miembros de bandas rivales en una cárcel de Ecuador dejó al menos 68 internos fallecidos y 25 heridos, en nuevos enfrentamientos sangrientos que no habían sido controlados el todo, informaron las autoridades el sábado. Es la más reciente masacre que golpea al sistema penitenciario de la nación andina.

El vocero presidencial Carlos Jijón dijo por la tarde que “tenemos información que se reportan nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral... los internos del pabellón 12 atacan a los del pabellón 7, intentando tomar el control”.

Indicó que unos 700 efectivos policiales están tratando de controlar la situación, con un contingente en el interior de la cárcel. No precisó si hay más víctimas.

Más temprano se veían a policías y otros funcionarios bajando el cuerpo de un recluso desde el techo de la prisión.

Pablo Arosemena, gobernador del Guayas —cuya capital es Guayaquil— señaló a la prensa que grupos de internos “estaban tratando de dinamitar (la) pared para ingresar y concretar la masacre. También quemaron colchones y querían ahogarlos en humo... para concretar la masacre en Pabellón 2 (con 700 internos). No había luz... el sistema de iluminación había sido destruido".

“Estamos luchando contra el narcotráfico. Es muy duro", aseguró Arosemena.

En lo que va del año se han registrado más de 324 reclusos fallecidos en enfrentamientos y motines carcelarios en todo el país, según las autoridades.

La comandante de la policía, general Tanya Varela, afirmó que “habíamos divisado con drones que estaban tres pabellones libres y los presos estaban armados y con explosivos” intentando ingresar al pabellón 2 que estaba sin su líder, liberado por la justicia esta semana.

Destacó que pese al riesgo los efectivos policiales ingresaron a las 2:00 de la madrugada para proteger al pabellón atacado y lograr que el resto regresara a sus celdas. "Estos hechos obedecen a una disputa de territorio de bandas delictivas. Esto porque hay pabellones ahora sin cabecillas”, añadió.

Las autoridades han señalado que los reclusos tienen acceso a armas y munición principalmente a través de los vehículos que ingresan con provisiones y mediante entregas con drones. Esta semana capturaron armas de grueso calibre que estaban a punto de ser filtradas por encima de los muros. La policía dijo que había decomisado el sábado explosivos, un fusil y dos pistolas en esa cárcel.

La Penitenciaría del Litoral aloja a 8.359 presos y más del 50% de ellos ya han sido sentenciados. Del total, un 27% de los presos están detenidos por delitos relacionados con drogas, mientras que el resto por delitos que van desde infracciones contra la propiedad, la integridad sexual, inviolabilidad de la vida, hasta asociación ilícita y delincuencia organizada, según datos oficiales.

El sábado por la mañana decenas de familiares desesperados clamaban por información y ayuda de las autoridades en las afueras de la prisión.

“Ya basta, hasta cuándo, que paren esta mortandad, esto no es un camal, esta es una penitenciaría, son seres humanos no son animales... por el amor de Dios que tengan piedad de estos seres humanos”, dijo a la AP Francisca Chancay, de 55 años de edad y quien tiene un hermano al interior de la prisión desde hace ochos meses.

Maritza Vera, de 62 años y con un hijo recluido en ese centro, a punto de las lágrimas preguntó: “¿Qué es lo que espera (el presidente Guillermo) Lasso? ¿Que haya otra mortandad? ¿Que se muera el pueblo entero? Que tenga misericordia ¿dónde están los derechos humanos? Pensamos que esto iba a cambiar, pero está peor".

"Me siento triste y angustiada porque hay demasiada mortandad y él (Lasso) se limpia las manos. Estamos angustiados y desesperados”, agregó la mujer a la AP.

Lasso dijo en su cuenta de Twitter que “el primer derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para proteger. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron seres queridos”.

Se refirió a una prohibición de la Corte Constitucional, que hace poco negó la posibilidad de acceso a pesar de que rige un estado de excepción que permitiría actuar a los uniformados. Los militares están en el exterior de la prisión. Ese organismo rechazó tales declaraciones y dijo que su misión es velar por el cumplimiento de la Constitución.

La situación se registra en medio de la vigencia de un estado de excepción a nivel nacional, el cual restringe ciertos derechos y concede autoridad especial a los uniformados.

En el sistema carcelario de Ecuador hay 39.150 detenidos, aunque tiene una capacidad máxima para 30.165, y de ese total, 15.098 personas aún no cuentan con sentencia.

El gobernador Arosemena dijo al respecto a la AP que buscan afrontar el hacinamiento mediante una estrategia que contempla la concesión de indultos, reubicar a presos y trasladar a sus países a los reclusos extranjeros. “Serán más de 1.000 indultados, pero todo esto es parte de un proceso”, agregó.