Detectan a Yunes daño por 338 mdp
Octubre 03, 2018 -
Informe al Congreso de Veracruz. Inconsistencias en secretarías y municipios según auditorías
Ciudad de México
En el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el ORFIS indica que en las secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, así como en 11 organismos públicos descentralizados y dos fideicomisos se detectaron anomalías.
También señala un presunto daño patrimonial por más de mil 22 millones de pesos en el ejercicio del gasto de 153 municipios y dos organismos paramunicipales, entre ellas la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa y Lerdo de Tejada.
Según el informe que fue entregado ayer al Congreso de Veracruz, entre los municipios en los que se detectaron inconsistencias se encuentran Coatzacoalcos (142.2 millones de pesos), San Andrés Tuxtla (56 millones), Emiliano Zapata (50 millones), Ixhuatlán de Madero (34.5 millones), Álamo (27.9 millones), Las Choapas (26.3 millones), Pueblo Viejo (25 millones), Lerdo de Tejada (24 millones) y Naolinco (22 millones).
Se presume que el daño patrimonial en Xalapa asciende a 7 millones.
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En general, la auditoría detectó inconsistencias como anticipos salariales, contratos de obra pública no amortizados y/o recuperados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental.
En las auditorías técnicas a la obra pública fueron hallados sobrecostos en obra pública, volúmenes de obra pública pagados no ejecutados, falta de expedientes técnicos unitarios de obra, obras sin terminar o fallidas, obras no ejecutadas, obras pagadas sin ejecutar y obras sin validación de la autoridad.
Al entregar el informe sobre los resultados de la auditoría practicada a los tres poderes locales, a 115 dependencias, 212 municipios y 15 entidades paramunicipales, Portilla señaló que una vez que la Comisión de Vigilancia emita el dictamen y sea aprobado por el pleno se iniciará la etapa de investigación sobre las observaciones en las que se determinó un presunto daño patrimonial o falta administrativa grave.
"(Esto) incluirá el substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y promover las acciones ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la imposición de las sanciones a que haya lugar; así como la formulación de las denuncias penales que se desprendan ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por aquellos hechos presuntamente constitutivos de un delito", indicó.