Despedidos por su edad

La edad no perdona. Así de crudo es el mercado laboral español, del que los mayores de 50 años son expulsados sin piedad, aumentando las cifras del paro de larga duración. Aunque en los últimos tiempos el colectivo de más de 45 años ha reducido su peso en el desempleo de 1,9 a 1,6 millones de personas, lo cierto es que su evolución sigue siendo mucho peor que la del conjunto de la población (mejora el 14,7% frente al 23,3% nacional) y se deja notar en la ocupación. Ahora la situación pinta peor que hace unos meses porque vuelven los expedientes de regulación de empleo (ERE), las prejubilaciones, desvincu-laciones y bajas incentivadas, que tienen como claro foco a los más veteranos de las plantillas. De hecho, Gonzalo Pino, secretario de política sindical de UGT, está seguro de que 2019 registrará un aumento de las cifras del año precedente.

Banco Santander anunció la semana pasada que despediría a 3.713 empleados a través de un ERE, un par de semanas después de que Caixabank presentase el suyo para 2.023 personas, o de que Dia, Nissan, Supersol, Vodafone, Bayer o Adolfo Domínguez hiciesen lo propio, sumándose así a organizaciones como Iberia que mantienen abiertos los suyos. Otras empresas, como Naturgy, El Corte Inglés, las farmacéuticas Merck o Pfizer, o Inditex, prefieren poner en marcha despidos voluntarios negociados individualmente. Son solo algunos ejemplos de unos mecanismos que cobran fuerza a medida que las empresas ganan dinero, pueden invertir en reestructuraciones y las ponen sobre la mesa.

El escándalo social que levantó el ERE de Coca-Cola en 2014, con boicoteo a la marca incluido y la anulación del Tribunal Supremo, marcó un antes y un después en los despidos de las empresas con beneficios, sostiene Martín Godino, socio director del bufete Sagardoy Abogados, encargado de acometerlo, al igual que la mayoría de los ajustes del sector bancario. Bajaron los expedientes de regulación de empleo y se activaron las bajas voluntarias, indica. Las empresas encontraron otro camino, apoya Braulio Molina, socio de Garrigues: “Las salidas de mutuo acuerdo, donde las indemnizaciones de los trabajadores tributan desde el primer euro, en vez de estar exentos los 180.000 primeros euros como ocurre con los expedientes. No hay desempleo ni se usan fondos públicos y no alertas de que estás haciendo un ERE encubierto”.

Ya sucedió durante el último ERE de Telefónica, en 2011, que motivó que el Gobierno introdujese un cambio en la normativa para que las compañías que obtienen ganancias y acometen regulaciones de personal se hagan cargo de las prestaciones del desempleo durante los dos años preceptivos, la denominada enmienda Telefónica (la cual propició también que el siguiente plan de ajuste de la operadora, de 2016 a 2018, se efectuase a través de bajas voluntarias, un total de 4.875). Sin embargo, ahora, una vez superados estos efectos disuasorios, las empresas vuelven a decantarse por los ERE porque son más seguros jurídicamente, según Godino. “Están aumentando los expedientes, pero la causa no es económica. Son recortes para mejorar la productividad. Se sustituye a trabajadores veteranos con sueldos altos por jóvenes más preparados para hacer frente a la digitalización de las empresas y con salarios mucho más bajos”, explica Román Merino, responsable de la consultora de diseño de reestructuraciones Reinforce Consulting.

Pero para evitar la mala imagen pública que castigó a Coca-Cola, están dispuestos a hacerlos “voluntarios” y pagar ingentes cantidades de dinero. El ejemplo más palpable es el de Caixabank, que ha calculado que destinará 890 millones de euros para desprenderse de 2.023 trabajadores fundamentalmente vía prejubilaciones con una edad de corte fijada “en 1965 o antes”. Las fuentes consultadas coinciden en que se trata de un importe altísimo, nunca visto hasta ahora, que supondrá un gasto por persona de 438.000 euros. Para los nacidos después de 1967, es decir, menores de 52 años, la “extinción indemnizada” es de 45 días por año con un mínimo de 3 anualidades y un máximo de 3,5. Otra cantidad también extraordinaria.

En el caso de Banco Santander, el coste por persona se estima en torno a 300.000 euros, es decir, un 30% por debajo del de Caixabank. La entidad presidida por Ana Botín ha ofrecido a los trabajadores afectados un plan de recolocación sine die al que puede incorporarse todo el que quiera. En su ERE anterior, de febrero de 2018, se recolocaron el 73% de los apuntados, presume la entidad. Porque cada vez es más habitual que los despedidos de entre 52 y 57 años deseen seguir en activo. De hecho, el banco que dirige Gonzalo Gortázar retirará incentivos, como el plan de pensiones, a los mayores de 52 años que presten servicios para su competencia.

La banca es el sector que ofrece indemnizaciones más generosas para desprenderse de su personal. Aunque las jubilaciones doradas de los años ochenta y, sobre todo, noventa hayan pasado a mejor vida, estas entidades pagan los finiquitos más jugosos (solo comparables con multinacionales del tamaño de Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol…). Una forma de acallar las críticas al contentar al personal. Porque, no nos olvidemos, pese a que cada día las grandes empresas dan boleto a sus empleados a una edad más temprana, muchos de sus trabajadores esperan este retiro como agua de mayo dadas sus ventajosas condiciones (perciben entre un 70% y un 100% de su último salario en la mayoría de las ocasiones).