Denuncian violaciones a migrantes

Ciudad de México.

Cuando en noviembre de 2019 Cecilia P., una migrante venezolana de 36 años, llegó a la fronteriza ciudad mexicana de Nogales, tenía la esperanza de que las autoridades migratorias de Estados Unidos escucharan sus alegatos para obtener asilo para ella y sus dos hijos, de 13 y tres años, y así poder reunirse con su hermana en territorio estadounidense. Lo que encontró, sin embargo, fue un muro burocrático difícil de saltar: tras permitirle en un primer momento ingresar a EU, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la devolvieron a México, donde debía permanecer bajo la promesa de que un juez estudiaría su caso. Fue enviada a la violenta Ciudad Juárez, donde no conocía a nadie y donde ella y sus hijos sufrieron intentos de violación, asalto y extorsión de parte de funcionarios migratorios mexicanos. Su historia forma parte de un extenso informe del organismo Human Rights Watch (HRW), que denuncia las violaciones a los derechos humanos de los migrantes bajo el programa Remain in Mexico, diseñado por el Gobierno de Donald Trump. HRW exige al presidente electo, Joe Biden, que desmantele “rápido y decisivamente” el programa por violentar a los migrantes.

Cecilia entabló amistad en Ciudad Juárez con Berenice, otra migrante venezolana de 24 años que también intentaba cruzar a Estados Unidos con su hija de cuatro años. “Estábamos completamente perdidos”, afirma Cecilia. Mientras las mujeres esperaban noticias de la hermana de Cecilia, cuatro hombres las atacaron. “Por lo que decían estaba claro que querían violarnos”, explica. “Uno me agarró. Otro agarró a mi amiga. Empezamos a gritar. Algunas personas se acercaron y ayudaron a expulsar a los hombres. Los niños quedaron completamente traumatizados”. La pesadilla no terminó ahí. Desesperadas, las mujeres compraron boletos de autobús para regresar a Nogales, un viaje de 10 horas desde Ciudad Juárez. En el camino, dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron el autobús y ordenaron a todos los pasajeros que mostraran sus identificaciones. Cecilia y Berenice presentaron sus pasaportes con los formularios de entrada a México, pero los agentes les ordenaron bajar del vehículo y entrar en una camioneta de la INM. Dentro, comenzaron a extorsionarlas. “Vamos a romper sus permisos y deportarlas si no nos dan 100 dólares cada una”, amenazó uno de los hombres. Cecilia y Berenice suplicaron que las dejaran en libertad. “Resuélvelo, no sé cómo lo resolverás, pero llorar no arregla nada. Si no tienes el dinero, romperé los permisos y con una llamada te deportarán“, fue la respuesta que recibieron. Cecilia entregó los 2.500 pesos (120 dólares) que cargaba y que era su única esperanza en Nogales y los hombres las dejaron volver al autobús.

ESPERAN EN MÉXICO

“Bajo el programa Remain in Mexico, las personas que buscan asilo deben esperar en México y regresar periódicamente a Estados Unidos para audiencias en los tribunales de inmigración. Formalmente conocido como ‘Protocolos de Protección Migratoria (MPP, por sus siglas en inglés)’, el programa es todo menos protector: ha enviado a personas a algunas de las ciudades más peligrosas de México y las ha expuesto de manera innecesaria y previsible a un riesgo considerable de daños graves. Las personas entrevistadas, incluidos niños, describieron violación o intento de violación y otras agresiones sexuales, secuestro para obtener rescate, extorsión, robo a mano armada y otros delitos cometidos contra ellos. En muchos casos, fueron atacados cuando llegaban a México o cuando regresaban de las audiencias judiciales, o cuando dejaban los refugios para migrantes donde se alojaban. En algunos casos, agentes de inmigración o policías mexicanos cometieron estos delitos”, afirma HRW en el informe.

Desde que el programa comenzó, en enero de 2019, como parte de la política migratoria de Trump, las autoridades de EU han enviado a México a 69 mil solicitantes de asilo, entre ellos centenares de niños, muchos de ellos con discapacidades. “Es casi imposible lograr una excepción para las personas más vulnerables”, advierte HRW. Además, el organismo ha documentado entre noviembre de 2019 y enero de 2020 al menos 32 casos de secuestro o intentos de secuestro contra migrantes en las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo. “La mayoría de estos secuestros involucraron a múltiples víctimas e incluyeron al menos 38 niños”, se afirma en el informe. Otro organismo de derechos humanos, Human Rights First, ha rastreado más de 1.100 casos de asesinato, violación, secuestro, tortura y agresión de personas enviadas a México bajo el programa de la Administración Trump.