Denuncian a Meade y Peña Nieto por proyecto ligado a Odebrecht

Cd. de México.- La coalición Por México al Frente denunció penalmente al candidato presidencial, José Antonio Meade, al Presidente Enrique Peña Nieto y a quienes resulten responsables por su participación en lo que denominaron como el fraude transexenal conocido como "Etileno XXI", el cual es uno de los ejes centrales del desfalco millonario cometido por la empresa Odebrecht, servidores públicos y empresarios mexicanos.

Lo anterior, explicó, tras advertir que el fraude Odebrecht se ha fraguado en al menos dos sexenios y no es un hecho de corrupción del pasado, sino un desfalco que sigue operando en el País día a día a través de su filial en México, la empresa Braskem-Idesa que, mediante el proyecto "Etileno XXI", sigue mermando las finanzas nacionales.

La denuncia, señaló, tiene una importancia especial, pues uno de sus principales operadores es contendiente a la Presidencia de la República, como es el caso de José Antonio Meade.

Además, enfatizó que, si Andrés Manuel López Obrador ganara la elección presidencial, incorporaría a su gabinete a Javier Jiménez Espriú, el ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ha formado parte del Consejo de Administración de la empresa Idesa, en la que participan además otras familias vinculadas al poder público como Del Mazo y Escudero.

En los pormenores de la denuncia, Figueroa detalló que el esquema implicó beneficiar indebidamente a un particular y a sus socios en el Gobierno por montos multimillonarios y durante por lo menos 20 años, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional.

Asimismo, indicó que se garantizó la impunidad transexenal a los creadores, ejecutores y beneficiarios del atraco mediante la entrega de cifras millonarias a Emilio Lozoya quien, como consta en declaraciones ministeriales en Brasil, habría recibido sumas millonarias cuando fue parte del equipo de Enrique Peña Nieto en el año 2012 y que a la postre fuese nombrado director de Pemex.

"La determinación de actuar ahora, desde la campaña de Por México al Frente, no es solamente una obligación ética y política en congruencia con lo que hemos señalado. La urgencia deriva también de la convicción de que este fraude, que ha generado un desfalco por más de cinco mil millones de pesos y generaría pérdidas por más de 40 mil millones de pesos en los próximos años para Pemex y la economía del País, pretende continuarse en el nuevo Gobierno que derive de las elecciones presidenciales que celebraremos el próximo primero de julio", expresó Alfredo Figueroa.

Cuestionado sobre si la denuncia también incluye al ex Presidente Felipe Calderón, respondió que sí, pero añadió que una Fiscalía autónoma deberá investigar a todos los involucrados.

"En la denuncia aparecen un conjunto de nombres incluido el de Felipe Calderón en relación con cada una de las acciones que se llevaron a cabo en su sexenio. Por ejemplo, deberá responder si en el decreto él tenía conocimiento de que había un contrato para favorecer a Odebrecht. Un decreto que está firmado por José Antonio Meade y Calderón", agregó.

El frentista destacó que una de las razones para presentar la denuncia fue para exhibir los acuerdos transexenales que se hacen en periodos electorales como que el que vive actualmente el País.

"Hoy en este periodo, en las elecciones, es cuando se fraguan este tipo de acuerdos transexenales, lo que estamos mostrando es cómo se hizo la transición en el Gobierno pasado, a partir de una persona que nada menos es el candidato a la Presidencia de la República por parte del PRI", afirmó.

Quienes resulten legalmente responsables, enfatizó, deben enfrentar las consecuencias legales de su participación.

"Sabemos que el encargado de despacho de la PGR, a las órdenes de Enrique Peña Nieto, ha sido uno de los principales encargados de perseguir políticamente a nuestro candidato a la Presidencia de la República. Suponemos que intentará por todos los medios encubrir la responsabilidad de Peña y de Meade, pero sabemos también que la vía democrática supone utilizar y exigir que sean las instituciones las que cumplan con su deber y garanticen el cumplimiento de la ley", añadió Figueroa.