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Declaran imposible Comisión de Verdad

Resuelve magistrado federal. Fundado incidente planteado por la PGR

Resolución. Un magistrado federal resolvió que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.Declaran imposible Comisión de Verdad

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala.

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, señala el acuerdo del tribunal unitario.

La sentencia puede ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia.

El plazo para la inconformidad es de 15 hábiles y podría ser promovida por abogados de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, uno de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y promotor del amparo 121/2015, si es que tienen interés en que se integre la comisión, o por familiares de las víctimas.

La PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público la facultad de investigar los delitos.

Indicaron que la Comisión de la Verdad estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares.

Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, solo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.

Los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Tánchez y Juan Antonio Trejo, sin embargo, fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.




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