Deben juzgarlo en México: Juez. Opina que extradición es improcedente

Cd. Victoria, Tam.- La tarde de este martes, el exgobernador Eugenio Hernández Flores fue notificado por sus abogados en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria en torno a la determinación del juez federal Eucario Adame Pérez sobre la opinión jurídica de éste respecto a la no extradición hacia los Estados Unidos, sino que enfrente el proceso penal en México.

Con esta opinión jurídica, la decisión final sobre si extraditan o no al exgobernador recae en Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aunque no necesariamente tiene que ser en el mismo sentido de la resolución del juez.

Esto lo confirmó su abogado defensor, Juan Jorge Olvera Reyes. “Efectivamente se emitió una opinión del juez federal en donde él considera la no procedencia de la extradición”.

Dicha resolución fue tomada el lunes, luego de que el viernes a la media noche terminó el plazo para la presentación de pruebas.

La opinión emitida por el juez federal Adame Pérez, encargado de llevar a cabo el caso desde el primero de enero no es definitiva, pero sí puede ser considerada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México para emitir la sentencia definitiva.

“Vamos a ver qué impacto tiene esto, la opinión definitiva es la de ellos (la SRE), nos acaban de dar la resolución ahorita y vamos a notificársela (a Hernández Flores)”, puntualizó Olvera Reyes.

El 14 de diciembre el juez federal de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Raymundo Serrano Nolasco, informó a Hernández Flores sobre la solicitud formal de extradición por parte de la Corte Federal de Distrito del Distrito Sur de Texas para enfrentar una investigación por su probable relación con la comisión de delitos como Asociación Delictuosa para cometer Lavado de Dinero, Operar un Negocio de Envío de Dinero sin Licencia, y Asociación Delictuosa para Cometer Fraude Bancario.

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El argumento

>“Conforme a las leyes nacionales, los hechos involucran probables actos de corrupción de un funcionario de gobierno de una de las entidades federativas durante su encargo y en perjuicio de recursos públicos”, argumentó el juez, y advirtió que conforme a la Constitución esto constituye un impedimento para conceder la extradición.

>“No sería adecuado a la soberanía de los estados reconocer que para una nación extranjera pudieran resultar penalmente relevantes las conductas de servidores públicos mexicanos contra bienes jurídicos como el manejo honesto y adecuado de los fondos públicos de la federación o de las entidades federativas”, señaló.