Dan seis años para afianzar fuerza estatal. Requiere entidad de 8 mil elementos

Especial / El Mañana.- La fundación de la Guardia Nacional impacta de lleno en los 32 estados del país. El dictamen de creación de la corporación, aprobado por la Cámara de Senadores, obliga a que los gobiernos locales a consolidar la fuerza de seguridad y justicia en máximo 6 años, a través de estrictos candados que ponen objetivos para acceder al presupuesto.

El artículo séptimo transitorio establece que las entidades federativas deberán entregar, un plazo máximo de 180 días posteriores a la promulgación de las reformas, un diagnóstico y el programa para el fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos policiales estatales y municipales.

La gobernadora y los gobernadores presentarán los documentos solicitados ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Además, cada gobierno hará público una evaluación anual sobre los avances del programa; este informe se elaborará durante 6 años continuos, con el objetivo de medir y comprobar el estado de las instituciones locales.  

Las máximas capacidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas deberán lograrse, en estricto apego al programa proyectado para finalizar máximo en 2026, refiere el texto que elaboraron y aprobaron en unanimidad los 127 representantes legislativos. 

“Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución por los órganos correspondientes”, menciona el articulado. 

Aunque el dictamen de la Guardia Nacional regresará a la Cámara de Diputados para que sea votado, posiblemente la próxima semana, los coordinadores legislativos admiten que el artículo transitorio que compromete a los gobiernos estatales no se modificará.

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CAMBIOS SUSTANCIALES EN GUARDIA

La Guardia Nacional quedó definida como una “policía de carácter civil”, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin mando militar o mixto, como propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Por medio de los artículos segundo y tercero transitorios se estableció que las fuerzas armadas cedan temporalmente elementos de sus policías militar y naval para conformar el primer grupo de la Guardia Nacional. Asimismo, colaborarán en la implementación de la disciplina y preparación inicial. 

El viraje a mando y perfil civil abrió la puerta para que los elementos de la sean juzgados por autoridades civiles. La decisión consensuada quedó plasmada en la cancelación de la propuesta de reforma al artículo 13 constitucional que establecía un doble fuero: militar y civil.

Para regular a la Guardia Nacional, las y los senadores acordaron elaborar la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. La nueva norma deberá expedirse 90 días después de publicada las reformas constitucionales. Los lineamientos básicos que deberá tener son que el uso de la fuerza se apegue a principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad; y que se definen con precisión qué armas letales y no letales se podrán usar, y las reglas de los mismos.

Vinculado con el uso de la fuerza, la Guardia tiene facultad legal para combatir todos los delitos federales y locales, bajo la conducción del Ministerio Público y a petición de éste, podrá llevar a cabo labores de investigación y de cumplimiento de órdenes de aprehensión, presentación, etcétera.

Cualquier persona que sea detenida por agentes de la Guardia, puntualiza el artículo 16 constitucional, debe ponerse a disposición de forma inmediata ante el Ministerio Público. Para ello, se expedirá, en un plazo máximo de 90 días, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que incluirá el Registro de las detención, el tratamiento de los datos personales, las personas autorizadas para acceder a ese registro, entre otros. 

La ley de la Guardia Nacional establecerá los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios; y las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y municipios

cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública de competencia local. 

Todavía faltan dos pasos para que la fundación de la Guardia Nacional. Primero, la Cámara de Diputados deberá avalar el dictamen que el Senado revisó y modificó. Posteriormente, 17 de los 32 congresos estatales deberán votar a favor del dictamen para que las reformas constitucionales sean válidas. 

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REFUERZAN PRISIÓN PREVENTIVA

Esta misma semana, la Cámara de Diputados aprobó 12 delitos que merecen prisión preventiva inmediata contra los probables responsables. La resolución legislativa fue criticada por activistas de derechos humanos que, argumentan, la ampliación del catálogo de ilícitos puede violentar a personas inocentes. 

El dictamen aprobado agrega los delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, contra la Ley de Armas de Fuego, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio y los robos a casa habitación y a transporte de carga. 

A inicio del año los presuntos responsables de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego eran ingresados a la cárcel, en lo que se esperaba que el juez concluyera la vinculación o no a proceso. 

La reforma quedará en manos de los legisladores de los congresos estatales para que después de la votación a favor de 17 de los 32, pueda entrar en vigor. Los artículos transitorios del dictamen avalado puntualiza que la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva es una medida temporal que se evaluará en cinco años.

“La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente Decreto. En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas”, señala el documento.

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Propone FGCV  que federales se sumen a estados…

En el Parlamento Abierto para la discusión de la Guardia Nacional, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, planteó que la oferta laboral para los policías federales que no son incluidos en la nueva corporación sea expuesta ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

“…que los elementos de la Policía Federal que opten por continuar con la carrera policial civil en alguna corporación estatal, puedan solicitar su transferencia respetando sus condiciones laborales, antigüedad y grado”, propuso el mandatario en un documento de 5 páginas enviado al Senado. 

La declaración del reynosense se vincula a la firme intención de desaparecer paulatinamente a la Policía Federal (PF). Desde el período como presidente electo, López Obrador señaló que la PF estaba vinculada a actos de corrupción y, afirmó, los mejores elementos se incorporarían a la nueva corporación nacional. 

“El giro de estrategia no debe ser motivo para desmoralizar, denostar o desperdiciar las capacidades y potencial de todas y todos los policías federales que han servido con honor a su país y a su gente”, dijo García Cabeza de Vaca. 

La entidad requiere de al menos 8 mil elementos activos para Fuerza Tamaulipas. Actualmente cuenta con 3 mil 800 agentes certificados. El viernes se graduaron 86 cadetes, entre ellos 16 mujeres. Mil 563 nuevos policías estatales se han integrado a la SSP en lo que va de esta administración. Empero, tan solo en 2019, fueron dados de bajo 21 cadetes de la Universidad de Seguridad y Justicia.