Da la 4T albazo en outsourcing
Noviembre 13, 2020 -
Propone AMLO castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal
Ciudad de México.
El gobierno federal dará un trato de crimen organizado a la subcontratación de personal.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE en esquemas de outsourcing.
Según el proyecto de ley, la prisión preventiva será oficiosa (sin derecho a fianza) y contempla agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad con más personas.
“Resulta aplicable la prisión preventiva oficiosa y penas agravadas a los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados realizados por cualquier grupo de tres o más personas, que se dedique de manera permanente o reiterada, a ofrecer estos esquemas ilegales que tengan como fin dañar al Fisco Federal, lo cual será perseguido como delincuencia organizada.
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“(Y por) cualquier empresa o persona que haya recurrido a estos esquemas ilegales, misma que será perseguida penalmente por la comisión de delitos fiscales calificados que atentan contra la seguridad de la Nación, siempre que no acudan a la Secretaría de Hacienda a regularizar su condición fiscal”, indica la propuesta.
La propuesta de ley fue firmada ayer por López Obrador y entregada en la Cámara de Diputados, con la intención de que entre en vigor en enero de 2021.
La iniciativa plantea incorporar a la Ley Federal del Trabajo sanciones que podrían rebasar los 4.3 millones de pesos para castigar a quienes realicen subcontratación de personal, a las personas físicas o morales que presten servicios especializados sin autorización, y a quienes se beneficien de esas acciones.
En la Ley del Seguro Social se propone incorporar una sanción por presentar fuera del plazo la información relacionada con la contratación de servicios especializados, y se castigará hasta con 150 mil pesos cuando las empresas no entreguen la información y documentación a los trabajadores sobre su contratación.