Criminaliza Hungría ayuda a migrantes

El Parlamento aprobó ayer un paquete de leyes que penaliza la ayuda a migrantes no autorizados, acelerando los esfuerzos del Primer Ministro Viktor Orban para transformar al país en lo que él llama una "democracia no liberal".

Bajo los nuevos términos, distribuir información para migrantes sobre cómo solicitar asilo, o proveerlos de asistencia financiera podría significar hasta un año de prisión.

El Gobierno nombró la legislación, que entra en vigencia de inmediato, la "Ley para Detener a Soros", en honor al financista y filántropo húngaro-estadounidense George Soros, que ha ayudado a organizaciones de derechos humanos en el país.

Esto marca la primera medida importante desde Orban, quien hizo campaña en una plataforma nacionalista y antiinmigrante, condujo de extrema derecha, Fidesz, a una mayor mayoría parlamentaria en abril, en una elección que según observadores internacionales fue libre, pero no justa.

Orban ha sido el mayor crítico de la política europea de puertas abiertas tras la crisis de refugiados que se desató en el continente en 2015, y ha servido de contrapunto a la Canciller alemana, Angela Merkel, cuyo Gobierno dio la bienvenida a cientos de miles de refugiados principalmente sirios y afganos ese año.

En una medida separada, el Gobierno cambió la constitución para hacer ilegal el llamado arreglo de poblaciones extranjeras, con el que la Unión Europea alentaba a Hungría a admitir a un pequeño número de refugiados.

Frente a países como Alemania, que en 2017 recibían hasta 18 mil solicitudes de refugio al mes, Hungría sólo ha procesado 342 solicitudes en los primeros cuatro meses del año.

Colectivamente, estas acciones refuerzan los esfuerzos de Orban para crear una sociedad más antiliberal y homogénea desde que recuperó el poder en 2010.

En su mandato, Orban ha socavado las fuerzas de equilibrio en el país, ha evaluado el sistema electoral, ha designado a los leales a puestos clave en el poder judicial.

Para mantener el apoyo público a estas medidas, se ha presentado como el único baluarte competente del país contra las amenazas externas.

Además, el Parlamento modificó la Constitución para establecer un sistema judicial paralelo para tratar los casos relacionados con la administración pública.

Según críticos de Orban, los nuevos tribunales pueden llenarse de jueces alineados con el Mandatario para tratar casos políticamente delicados.