Crecen casos de abusos a ilegales

Harlingen, Tx.- Los casos de abuso sexual aumentaron de manera alarmante, registrando casos de hasta mil 224 quejas y sólo tres de los 23 centros de detención de ICE informaron que proporcionan terapia u otros servicios a los detenidos.

Las agresiones sexuales se han generalizado en los encierros de inmigrantes y las quejas se presentaron ante el Departamento de Seguridad Nacional entre 2010 y septiembre de 2018 y en los últimos cinco años, miles de niños inmigrantes que llegaron solos a la frontera también han denunciado abuso bajo custodia federal. 

Tras conocer un nuevo informe de los centros de detención de Texas, los defensores dicen que el gobierno no solo no está protegiendo a los que están bajo su custodia, sino que no les proporciona los servicios de apoyo requeridos por la ley.

Según una encuesta de la Asociación de Texas contra el Asalto Sexual (TAASA, por sus siglas en inglés) publicada la semana pasada, los centros de crisis de violación y los defensores tienen una “interacción muy limitada” con los centros de detención operados por ICE, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), o la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. 

De los 23 centros de crisis de violación de Texas encuestados cerca de las instalaciones de ICE, solo tres informaron que proporcionaron terapia u otros servicios a las víctimas. Ninguno de los ocho centros de defensa de niños participantes cerca de las instalaciones de CBP dijeron que trabajaron con la policía para investigar las denuncias de abuso infantil.

El informe también encontró que la mayoría de las detenidas que fueron remitidas a centros de crisis por violación fueron agredidas sexualmente en su camino a los Estados Unidos, no mientras estaban detenidas. 

DICE ANALISTA

Nada se hace para lidiar con los casos 

Dada la alta prevalencia de violencia sexual en los centros de detención de inmigrantes, esto parece reflejar una negativa en la respuesta institucional a favor de los sobrevivientes agredidos por “coyotes” [contrabandistas], pero tampoco hay ayuda para los sobrevivientes atacados dentro de las instalaciones del gobierno, se dice en el informe.

Katherine Strandberg, analista de justicia penal de TAASA, dice que el grupo comenzó a trabajar en el informe en el punto álgido de la crisis de separación familiar en 2018. “Cuando todos los niños comenzaron a ser detenidos y separados [en la frontera], sabíamos que era un receta para que ocurra la violencia sexual ”, dice Strandberg. ”En el último año, descubrimos que eso es cierto ... y no se está haciendo nada para lidiar con este trauma a pesar de que tenemos los recursos”.