Control, más control

Al llegar al tercer informe de gobierno, a la mitad de su administración que concluirá el último día de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador opera una serie de ajustes en su gabinete que están encaminados, vía sus incondicionales, a incrementar su presencia en los otros dos poderes y en organismos autónomos.

En la LXV Legislatura el partido en el poder, Morena, y sus aliados PT y PVEM perdieron como bloque la representatividad que ganaron en 2018; ahora la nueva alineación parlamentaria los coloca a 56 votos de la mayoría calificada (que es de 334 sufragios) y a 26 por encima de la mayoría absoluta (251), endebles en tanto se han exacerbado los desacuerdos en lo que fue la coalición electoral “Juntos Haremos Historia” (Proceso 2328 y 2337).

Los enroques políticos comenzaron el 9 de junio último, cuando López Obrador anticipó la salida de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda para proponerlo como gobernador del Banco de México (Banxico), constitucionalmente autónomo del Ejecutivo, órgano conductor de la política monetaria del país. En su lugar, designó a Rogelio Ramírez de la O, economista de añeja proximidad con el mandatario y quien fue su asesor en materia hacendaria desde sus aspiraciones presidenciales en 2006.

La decisión de proponer a Herrera como gobernador del Banxico causó polémica por las posiciones críticas que el presidente ha tenido sobre el manejo de las reservas, entre otras posiciones del colegiado en el banco central, espacio donde el Ejecutivo contaría con un incondicional. 

SIN CONCRETARSE

Pero la incorporación de Herrera todavía no se concreta, pues su comparecencia ante el Senado, programada originalmente para el 19 de agosto, se postergó sin fecha definida. La posposición es parte de uno de los primeros reveses que el Ejecutivo resintió durante agosto en la Comisión Permanente del Legislativo.

Pendiente la llegada de Herrera al Banxico, desde Palacio Nacional se impulsó la intentona por ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, apoyada en una controversial reforma constitucional y en la ley reglamentaria del Poder Judicial, donde un transitorio –aprobado en abril pasado– abrió la posibilidad de extender su mandato.

La pretensión de López Obrador tensó la relación con los ministros y legisladores, inclusive con aliados, que controvirtieron la constitucionalidad de la decisión. Sin embargo, el conflicto quedó zanjado el 6 de agosto reciente tras una consulta al interior de la Corte, en la cual se perfiló la falta de respaldo para que el ministro presidente se beneficiara con el transitorio. Zaldívar terminó por declinar públicamente la extensión de su mandato.

ECHADOS A PERDER

Al respecto, López Obrador expresó: “Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge porque jueces, magistrados y ministros están echados a perder; hay honrosas excepciones, pero, por lo general, el poder central (judicial) está podrido”.

Previo al inicio de la nueva legislatura, Olga Sánchez Cordero dejó el 26 de agosto la Secretaría de Gobernación para regresar a su escaño en el Senado, donde se desempeñó apenas unos meses de 2018 para luego solicitar licencia.

En la Cámara de Diputados la Mesa Directiva quedó a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, un perfil menos conocido, pero que responde al grupo de electoralistas que encabeza un incondicional del presidente, Horacio Duarte, actual administrador general de Aduanas.

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