Condenan amenaza; 'comete delito AMLO'

En la conferencia matutina, en Hermosillo, el Mandatario exhibió una diapositiva con un listado de supuestos ingresos del periodista durante el año pasado, provenientes de al menos cinco empresas distintas. Dijo que pediría a la Secretaría de Hacienda y al INAI que investigaran esa información.

"El esfuerzo y el énfasis (de la conferencia) fue en atacar al periodista, al que abiertamente ha declarado su enemigo por las investigaciones relacionadas con su hijo José Ramón. Exhibió un dato personal, que son sus ingresos, que está protegido por el secreto fiscal y lo sometió al escarnio", indicó.

El artículo 69 del Código Fiscal señala que los funcionarios que intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias están obligados a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros relacionados con ellos, salvo en determinados casos, como procesos penales.

"El Presidente, al ser funcionario público, superior jerárquico de la jefa del SAT (Raquel Buenrostro), me parece que también está obligado a guardar el secreto fiscal. Es correcto afirmar que él violó el secreto fiscal", dijo Óscar Márquez, fiscalista y socio del despacho Calvo Nicolau y Márquez Cristerna.

Resaltó que también se violó la protección de datos personales, porque los ingresos son considerados como tales. Además refirió que este delito se castiga con una pena que va de 1 a 6 años de prisión; sin embargo, el Presidente tiene fuero.

Aunque el Mandatario sostuvo que "la gente le ayuda" y le hizo llegar la información, expuso presuntos ingresos del periodista provenientes del pago de varias empresas y no sólo de una, lo que lleva a pensar que la información procede del SAT, señaló Diego Cuevas, socio de GLZ Abogados, especialista en consultoría y litigio fiscal.

"Todo indica que en caso de que la información fuera verídica, se obtuvo a través del SAT y, de ser así, hay una violación al artículo 69", dijo.

Por su parte, Dafne Méndez, socia fundadora de Privacy Watchers, refirió que la información que compartió el Presidente es susceptible de ser considerada como datos personales sensibles porque contienen información patrimonial o financiera que puede poner en riesgo al periodista.

"La única forma en que se puede dar a conocer esta información es bajo un mandamiento judicial emitido por una autoridad competente", explicó.

Otro fiscalista y abogado, quien pidió el anonimato, describió que todo funcionario que accede a la información tiene la obligación de la secrecía y, si la viola, comete un delito.

Además, si otro funcionario le pide la información o lo incita a revelarla, como pudo ocurrir en este caso, abundó, a ese otro funcionario se le llama instigador y también es penalmente responsable.

"El Presidente, al final del día, es un funcionario público, y al no guardar esa secrecía, está incurriendo en una actividad ilícita", señaló.

Por su parte, María Elena Pérez-Jaén, ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy INAI), advirtió que el que AMLO ventile información sobre los ingresos de una persona constituye una amenaza para la sociedad en su conjunto, toda vez que, desde el Púlpito Presidencial, se están violando derechos y leyes y poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos.

"Independientemente de la denuncia que se presente al INAI, el INAI está obligado a iniciar un procedimiento en contra de Andrés Manuel López Obrador de oficio", afirmó.

Finalmente para el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, hay uso de información sensible y reservada (fiscal y bancaria), lo que constituye un delito.