Comparecen ex funcionarios en Nuevo León
Ex funcionarios de la pasada Administración en Nuevo León y de la actual se dieron cita hoy en diferentes instancias para responder sobre anomalías en sus cargos
Monterrey, México.- Ex funcionarios de la pasada Administración y de la actual se dieron cita hoy en diferentes instancias para responder sobre anomalías en sus cargos.
El primero fue el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien acudió, alrededor de las 9:45 de la mañana, a dos audiencias ante la Fiscalía Anticorrupción para enterarse de nuevas carpetas de investigación por los delitos de Enriquecimiento ilegítimo y Peculado.
A su llegada, Medina dijo que pediría a la Fiscalía que las dos nuevas imputaciones se las hicieran juntas y no separadas como fueron programadas, pero al salir de la primera destacó que no fue posible.
En la primera cita, a las 9:30 horas, Medina escuchó a un Ministerio Público que le imputa un supuesto incremento patrimonial.
Sin embargo, el ex Gobernador asegura que en ese tema no hay nada nuevo y que su único patrimonio obra en su declaración como funcionario.
En esa Audiencia, que duró cerca de dos horas, la Fiscalía mostró al ex funcionario un cuestionario con preguntas sobre sus propiedades, sin embargo aseguró que no le entregaron copia.
Una vez que sus abogados reciban el cuestionario, las respuestas deberán ser entregadas en un plazo de 15 días, sin embargo Ernesto Canales, Sub Procurador Anticorrupción, señaló minutos más tarde que no existe un plazo fijo para que lo haga.
Posteriormente, a las 12:30 horas, fue recibido de nueva cuenta por otro Ministerio Público para enterarlo sobre la imputación de peculado al realizar un uso excesivo de helicópteros durante su mandato.
Pero tras casi dos horas de audiencia, Medina aseguró que sólo notificó el nombre y domicilio de sus abogados, y que no le mencionaron nada en concreto sobre la acusación.
El ex Mandatario reclamó que por "economía procesal" no debieran citarlo para ese tipo de trámites.
Destacó que durante su Administración no observó ningún comportamiento por parte de los integrantes de su Gabinete que indicaran un delito.
Ernesto Canales adelantó que las audiencias por estos dos presuntos delitos se realizarán el 24 y 29 de septiembre, pero Medina aseguró que la Fiscalía no le notificó tal cosa y dijo que solo les mostraron unas carpetas de las que esperan tener copia brevemente.
Horas más tarde, a las 11:40, Helena Silva Parra, ex directora Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social, se presentó para comparecer dentro de la investigación que realiza la Auditoría Superior del Estado sobre la compra de 200 mil cobertores por parte del Estado.
La ex funcionaria aseguró que advirtió a Gonzalo Padilla, Director de Adquisiciones, sobre el alto costo de las cobijas, pues éstas eran tres veces más caras de lo que se había pagado por ellas en otras ocasiones.
El juez que envió al ex Gobernador, Rodrigo Medina, al Penal del Topo Chico también tuvo cita hoy ante un juez federal.
Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, Juez de Control estatal, acudió a una audiencia de imputación, en Cadereyta.
Acompañado de sus abogados, Eufracio Rodríguez arribó a los los juzgados federales penales localizados junto al Penal de Cadereyta.
El juez estatal será imputado por presuntamente haber violado una suspensión provisional del ex Gobernador Rodrigo Medina el 26 de enero pasado, que derivó en la prisión de éste último en el Penal del Topo Chico por un lapso de 19 horas.
La denuncia penal en contra del juzgador fue presentada por el abogado de Medina, Alonso Aguilar Zínser, en la PGR de la Ciudad de México.
Este caso marca un precedente a nivel nacional, ya que la PGR dio entrada a una queja de un abogado por una presunta violación a un amparo.
Anteriormente, las violaciones eran definidas por jueces o tribunales federales que daban vista al Ministerio Público federal.
Al rededor de la 1:30 horas, Jorge Camacho, ex director de Protección Civil del Estado, arribó al Palacio de Justicia para comparecer ante un Juez de Control.
La Fiscalía Anticorrupción acusó a Camacho de irregularidades en la contratación y uso de tres helicópteros por 368.8 millones de pesos en perjuicio del erario.
Griselda Jaramillo Solís, Ministerio Público de Anticorrupción, formuló la imputación por contratos indebidos por adjudicación directa de los helicópteros, pago de días de disponibilidad no justificados, pago doble de turbosina y de horas de vuelo.
La Juez de Control, Irma Morales, y el ex funcionario escucharon una detallada descripción de la contratación y el uso indebido de los tres helicópteros Bell para labores de rescate.
Señaló que entre el 2009 y el 2015, con la empresa Aeronáutica Empresarial se celebraron, a solicitud de Camacho, tres contratos de adjudicación directa, sin licitación pública, tres juntas extraordinarias para solicitar sin un fundamento continuar con la contratación y dos extensiones autorizadas de los contratos.
Por los hechos descritos en siete actos, la fiscal acusó a Camacho de ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el patrimonio del Estado.
El ex director de Protección Civil no respondió a las acusaciones.
Su defensa solicitó que se duplicara el plazo de 72 a 144 horas para resolver la vinculación a proceso el próximo miércoles.