Colabora ASF con FGR por planta chatarra

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, informó el Auditor David Colmenares.

 Al hacer entrega del tercer paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2018, el funcionario recordó que fue la propia ASF la que en julio del año pasado presentó una denuncia penal ante la FGR por las irregularidades cometidas en la adquisición y rehabilitación de la planta productora de urea.

 "La ASF ha proporcionado a la FiscalÌa General de la República todos los elementos de información a su disposición para coadyuvar en la investigación correspondiente y la sanción de los responsables que se determinen judicialmente.

 "Además, se ampliaron las revisiones de Agro Nitrogenados, cuyos resultados están en seguimiento y su información está a disposición de las autoridades de procuración de justicia", señaló ante diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

 Por las irregularidades cometidas en la adquisición de la planta actualmente están detenidos en España y sujetos a procesos de extradición el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira.

 En diciembre de 2013 Pemex, entonces dirigida por Lozoya, compró la planta de Agro Nitrogenados en 275 millones de dólares a pesar de que tenÌa 30 años de antigüedad y 14 sin operar, transacción que la propia ASF determinó posteriormente se hizo con un sobreprecio de 93.1 millones de dólares.

 Colmenares dijo que la ASF también están aportando toda la información que tiene respecto de las acusaciones por los mega desvíos cometidos en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, que tienen a varios ex funcionarios, entre ellos Rosario Robles, enfrentando procesos judiciales.

 "Tenemos la participación de la ASF directa, activa y coordinada con la FiscalÌa General de la República en las diversas audiencias relacionados con el caso que se desahoga actualmente en el Poder Judicial de la Federación sobre las irregularidades presuntamente cometidas por ex servidores públicos", señaló.

 Sobre la resistencia del INFONAVIT a ser auditado, pues argumenta que no opera con recursos públicos sino de los trabajadores, Colmenares informó que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso y los magistrados aceptaron la solicitud.

 "Nos fue concedida por unanimidad de los integrantes de la Segunda Sala del Alto Tribunal, máxima instancia que próximamente se pronunciar· al respecto, fijando el derecho que constitucionalmente corresponda. Que la Suprema Corte decida", indicó.