Ciudad Juárez, el cementerio de mujeres más grande de México: ¿justicia fabricada?

Entre 2008 y 2013, en el terreno llamado Arroyo El Navajo, ubicado a 94 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se encontraron los fragmentos de huesos de al menos 24 mujeres que fueron secuestradas en Ciudad Juárez durante el periodo en el que la zona estuvo militarizada por el despliegue de agentes federales y soldados, como parte del “Operativo Conjunto Chihuahua”, ordenado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua encabezó “El juicio del siglo”, como ellos mismos lo clasificaron, y encontró culpables a cinco personas por el secuestro, prostitución y asesinato de 11 de estas mujeres, pero el análisis de la información contenida en una muestra de 40 de 100 tomos que forman parte de la investigación 2104/2012, así como una serie de entrevistas con expertos y familiares, revelan que por lo menos hay cuatro hilos que ponen en duda la justicia a las víctimas del cementerio clandestino de mujeres más grande de México.

La Fiscalía de Chihuahua omitió hacer justicia a 11 víctimas

El 12 de enero de 2015 personal de la Fiscalía de Género del estado, le solicitó a Lilia Ortiz que fuera a sus oficinas. Con la esperanza de que su hija Lilia Berenice Esquinca Ortiz - desaparecida en 2010- hubiera sido localizada con vida, acudió de inmediato.

La noticia era que su hija, de nacionalidad estadounidense y que estudiaba en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP, por sus siglas en inglés), estaba muerta. Pero sólo habían recuperado unos cuantos huesos, los cuales fueron guardados dos años y diez meses en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) mientras ella y su familia la buscaban.

“Ya estaban todos en un cuarto y me hablaron para hacer el protocolo de decirme que habían encontrado los restos de mi hija. Los interrumpí y les dije ¿dónde está mi hija? Me respondieron: su hija está muerta, la encontramos en los rastreos del arroyo El Navajo y tenemos sus restos”, recordó Lilia Ortiz.

Su hija, así como otras diez mujeres (Hilda Gabriela Rivas Campos, Lidia Ramos Mancha, Brenda Berenice Castillo García, Marisela Ávila Hernández, Mónica Janeth Alanís Esparza, Andrea Martínez Ramírez, Esmeralda Castillo Rincón, Yasmín Taylen Celis Murillo, Yanira Fraire Jáquez y Virginia Elizabeth Domínguez Amador), quedaron excluidas del “juicio del siglo” y sus feminicidios permanecen en la impunidad. “No han hecho nada, no hay nada, no hay proceso […] ellos tienen su vida feliz, cobrando un sueldo y que las madres se rasquen como puedan.

Yo me quedé en la calle, sin casa, sin familia, mi esposo me abandonó al año de haber sepultado a mi hija. A mis otros hijos los tuve que mandar a vivir fuera por su seguridad. Me quedé sola”, expuso Lilia, mamá de una de las víctimas excluidas.

La percepción de impunidad e indignación es compartida por los padres de Esmeralda Castillo Rincón, estudiante de segundo año de secundaria, de quien se recuperaron únicamente 30 centímetros de la tibia derecha el 3 de marzo de 2013 en el arroyo El Navajo.

“Nos decían, ‘ya tenemos detenidos a unos por el arroyo, también que carguen con el homicidio de Esmeralda’. No estamos de acuerdo en que en unas personas caiga la responsabilidad cuando éstos no son culpables […] si vamos a encarcelar a cualquier persona que se les ocurra a ellos, los delincuentes siguen afuera”, dijo José Luis Castillo Carreón, padre de Esmeralda.

Tanto la mamá de Lilia Berenice como el padre de Esmeralda, coinciden en que la indiferencia de las autoridades para el resto de las víctimas es mayor a partir de que se emitió la sentencia en el “Juicio Histórico”.

Contradicciones del principal testigo

El menor de edad que fungió como principal testigo de cargo -de identidad protegida, públicamente identificado con las iniciales LJRL y de apodo “El Güero”-, fue detenido el 2 de abril de 2013 en la zona centro de la ciudad con 48 envoltorios de marihuana, de acuerdo con los expedientes del Ministerio Público para la carpeta de investigación 2104-2112.

Tras su arresto, aseguró que tenía información en relación al asesinato de una mujer apodada “La Gata” y a partir de ese momento, los agentes de la Unidad de Menores Infractores lo entregaron a la Unidad de Homicidios de Mujeres, “porque podría estar relacionado con la desaparición y muerte de Andrea Guerrero Venzor, Deisy Ramírez Muñoz e Idali Juache Laguna (mujeres halladas en el Arroyo)”, según se documentó en un informe policial elaborado el 3 de abril de 2013 por agentes del Ministerio Público.

Antes del primer juicio por las víctimas del arroyo El Navajo, en el 2013, “El Güero” rindió al menos cuatro declaraciones ante la FGE de Chihuahua, y en todas cambió su versión, según el registro de los expedientes de las investigaciones del Navajo.

Inicialmente este “testigo estrella”, como fue denominado públicamente, dijo conocer a ocho de las víctimas del Arroyo El Navajo, luego agregó tres más y declaró respecto a 11. Al principio señaló que él y los integrantes del grupo delictivo “Los Aztecas”, secuestraron a las chicas, después se descartó su declaración en la investigación.

También agregó el nombre de presuntos implicados que al principio no mencionó y cambió versiones respecto a las personas que secuestraron a las  mujeres. Además identificó a través de fotografías a acusados que en un principio no reconoció.

De acuerdo al análisis de la sentencia del denominado “Juicio Histórico”, al principio el testigo dijo que los otros integrantes del grupo al que pertenecía sólo eran “halcones” en el centro de Ciudad Juárez, pero ya en el juicio declaró que se dedicaban a la distribución, homicidio, trata de blancas y extorsión.

En otro juicio oral posterior al primero, el “testigo estrella” afirmó que policías municipales lo torturaron para que confesara. Meses después negó que lo hubieran torturado. Y en una entrevista concedida por “El Güero”, el testigo aseguró que hubo una negociación con la Fiscalía de Chihuahua sobre el tiempo que pasaría en prisión.

Fiscalía sin pruebas de su teoría

A Jessica Terrazas, de 18 años, la encontraron en fragmentos en el Arroyo El Navajo: 46 restos óseos, 30 centímetros de su cabello semiondulado y la sudadera de la preparatoria CEPU que sus hermanas le habían comprado como parte del uniforme escolar.

Desapareció el 20 de diciembre de 2010 y 10 meses después (el 21 de octubre de 2011), fue encontrada con la misma ropa del día que desapareció: la sudadera del uniforme, una chamarra con gorro de peluche y sus botas altas.

Junto a ella, un omóplato extra que resultó ser parte del cuerpo de otra víctima, Yazmín Salazar Ponce, de acuerdo con el Dictamen Pericial Complementario de Antropología Forense, emitido hasta el 21 de enero del 2014, por las antropólogas Liliana Dorantes Ortega y Mariel Guadalupe Durán Romero.

Otras seis víctimas también fueron encontradas con la misma ropa que traían la última vez que las vieron. Esto pone en duda el argumento expuesto en el juicio oral por la Fiscalía de Género del Estado de Chihuahua, que sostiene que las víctimas fueron retenidas durante meses para ser prostituidas, de acuerdo con el abogado Gustavo Martínez Montoya, quien lleva años analizando el caso.

Junto a María Guadalupe, otra de las víctimas, se encontraron los zapatos de piso y el pantalón de mezclilla con los que salió de su casa y esta prenda presentaba una mancha de sangre en la parte inferior de las piernas.

De acuerdo al abogado Martínez Montoya, “ninguno de esos ADN corresponden a los acusados ni sentenciados en el caso”, asegura Martínez Montoya.

Investigación deficiente

De acuerdo al peritaje realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con un catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el conocido “Juicio del Siglo” se desarrolló y juzgó principalmente con la declaración de un testigo protegido y falta de pruebas por parte del Ministerio Público.

Los cuatro especialistas de la Corte indicaron que en algunos expedientes no se incorporaron elementos de prueba objetivos que sostengan las declaraciones de los testigos.

Un grupo de peritos especializados de la CIDH coincidió en un reporte emitido que en el 2015 entregó a la Fiscalía de Chihuahua, en el que señaló que faltaron pruebas en la investigación y que las líneas de averiguación parten exclusivamente de los testimoniales.

Alfredo Limas Hernández, coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), afirmó que el denominado “Juicio del Siglo” se realizó con “muchas faltas al debido proceso legal”, y por tanto la sentencia del Tribunal no tiene valor jurídico ni político.

Martínez, abogado que ha seguido el caso desde el inicio, es más duro al analizar todo este proceso. “El caso Arroyo del Navajo fue una terrible e injusta manipulación del dolor de cada madre”.