Cancún, el infierno para 4 colombianos
El 18 de diciembre de 2017 cuatro colombianos fueron detenidos por policías de Cancún, Quintana Roo; uno de esos sudamericanos apareció decapitado dos días después de la detención
SIN RASTRO. Néstor Raúl Espinoza, Carmen Urrego, Joan Sebastian Espinoza y Yesly Góez Guisao.
El expediente que han recopilado autoridades colombianas sobre la desaparición de tres de sus ciudadanos en Cancún es demoledor.
La información indica, basada en testimonios, que policías municipales del destino turístico detuvieron el 18 de diciembre de 2017 a cuatro colombianos que fueron subidos a dos patrullas. Horas después, los habrían entregado a un grupo criminal identificado como el “Cártel de Jalisco”; 48 horas más tarde sólo uno de los arrestados fue hallado, muerto.
A lo largo de estas 12 semanas, la Fiscalía General de Quintana Roo, encargada de la investigación, no ha realizado una sola captura pese a todas las evidencias y testimonios que involucran a los policías locales en el arresto de los colombianos Yesly Tatiana Góez Guisao, Joan Sebastián Espinoza Urrego, Óscar Alexander Zuluaga Macías y Néstor Espinoza Castañeda.
“Tienen videos de las cámaras cercanas al lugar del arresto, saben a qué patrullas los subieron, saben que eran ocho policías hombres y dos mujeres los que fueron por ellos y no han hecho nada”, se lee en una parte del expediente conocido por Proceso.
Según la documentación a la que este semanario tuvo acceso, funcionarios de la Cancillería colombiana se vieron tan desbordados por “todas las irregularidades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo” que pidieron ayuda a la Policía Federal, lo que hasta ahora no ha dado ningún resultado.
Además, al ver la sospechosa incompetencia de la Fiscalía de Quintana Roo, personal diplomático de Colombia acreditado en México solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero tampoco ha servido.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, ciudad de la que son oriundas las víctimas, considera que se trata de un caso de “desaparición forzada” y que debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.
Por ello, pidió al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intercedan ante al gobierno mexicano para dar celeridad a la investigación y se castigue a los responsables.
Daniela Bermúdez, pareja de Óscar Alexander Zuluaga Macías, uno de los desaparecidos, y Santiago Espinoza Urrego, hermano del colombiano que apareció muerto, presentaron el 5 de enero en Bogotá una pormenorizada denuncia de lo que ocurrió en Cancún.
La declaración, que se prolongó 10 horas, la hicieron ante la agregada de la Procuraduría General de la República (PGR) de la embajada de México en Colombia, Tisbe Cázares Mejía.
Daniela, quien vivía en Cancún con su pareja y los otros desaparecidos, denunció que pagó 20 mil pesos a un funcionario de la Fiscalía de Quintana Roo que le exigió la suma para agilizar la investigación. También acusó que esa institución judicial “encubrió a los policías” municipales que “levantaron” a los colombianos y que “los del cártel” siempre estaban al tanto de cada palabra que decían ante los fiscales que les tomaban declaración.
“Uno busca la plata y paga lo que piden porque lo que uno quiere es volverlos a ver. Pero sólo nos estafaron, nunca hicieron nada, nunca investigaron a los policías que se los llevaron, nunca mostraron un poco de interés en buscar a nuestra gente”, denuncia Daniela.
Juan Pérez, comandante de la Policía Ministerial de la fiscalía, se hizo cargo del caso. La joven colombiana le preguntaba si ya había revisado las cámaras cercanas al lugar de la detención para saber qué patrullas se los llevaron.
“Él nos decía que eso era un proceso que lleva tiempo, que no todo se puede hacer de la noche a la mañana. Pérez lo único que quería era que nos fuéramos de Cancún para dejar morir el caso. No quiso ni rastrear llamadas de celulares ni investigar las cuentas donde hicimos los depósitos (a los presuntos secuestradores)”, señala.
La banda de los ‘gota a gota’
Joan Sebastián Espinoza Urrego, conocido como Sebas, viajó a Cancún en 2015 para dedicarse al negocio ilegal de los préstamos “gota a gota”.
El joven, de 21 años en ese entonces, se involucró en esa actividad en su natal Medellín y, según sus amigos, el grupo con el que trabajaba en esa ciudad colombiana le financió el viaje y le entregó dinero para ponerlo a “trabajar”.
Los créditos “gota a gota” se pagan en abonos diarios con tasas de interés de hasta 20% mensual, son una modalidad delictiva que Colombia comenzó a exportar a todos los países latinoamericanos.
Detrás de esa actividad en la que se lava dinero suele haber narcotraficantes y extorsionadores que usan la violencia cuando los deudores se atrasan con los pagos.
A Sebas le fue bien en Cancún. Comenzó como “cobrador” y ascendió a “administrador de ruta”. Tras un año, le propuso a su amigo Óscar Alexander Zuluaga Macías, también de Medellín y de 21 años, viajar a México para ayudarlo en el “negocio”. Alexander, conocido como Alex, llegó a ese centro turístico el 17 de septiembre de 2016.
Después, el 28 de mayo de 2017, Sebas se trajo a su novia, Yesly Tatiana Góez Guisao. En agosto de ese año también llegó la pareja de Alex, Daniela Alejandra Bermúdez Puche. Los cuatro, que provenían de familias colombianas humildes, vivían en un amplio departamento en Cancún.
Daniela asegura que en ese balneario de arenas blancas y mar azul vivían bien, dice que nunca creyó que estuvieran en peligro.
