Aprueban a California como estado santuario
Septiembre 16, 2017 - 05:17 p.m.
California, Estados Unidos.- La Asamblea de California aprobó en su última sesión una norma que convierte al estado en santuario para migrantes indocumentados, un texto que espera la firma del Gobernador Jerry Brown, que ya había adelantado su intención de rubricarla.
La medida SB 54, aprobada de último momento en la víspera, prohíbe a las agencias del orden, estatales y locales, investigar, interrogar, detener, detectar o arrestar a las personas con el propósito de cumplir con las leyes de migración.
Con la medida, California se convierte en el primer estado del país en declararse "santuario para indocumentados" y de esta forma prohíbe que los recursos locales se utilicen para cumplir con leyes de migración.
"Presenté el anteproyecto SB 43 para proteger a nuestro estado y a la Policía local, evitándoles tener que arrestar a madres, padres y a estudiantes trabajadores, es lugar de llevar a cabo sus obligaciones", declaró Kevin de León, presidente encargado del Senado y promotor de la iniciativa.
"Nuestros vecinos indocumentados podrán interactuar con los agentes del orden local para reportar delitos y ayudar en los procesos jurídicos sin temor a la deportación y eso hará más seguras a nuestras comunidades", agregó.
El texto aprobado permite que las autoridades locales trabajen conjuntamente con las autoridades federales de migración si una persona ha sido declarada culpable de algún delito contenido en una lista de cerca de 80 violaciones a la ley, en su mayoría graves.
La propuesta inicial de la medida se modificó con la finalidad de ofrecer más autonomía a la Policía.
Sin embargo, la modificaciones para hacer la ley más flexible no fueron suficientes para lograr que la Asociación de Alguaciles del estado, entre otras organizaciones, mostraran conformidad con la iniciativa.
El Fiscal General, Jeff Sessions, ha amenazado con recortar fondos federales para ciudades y territorios declarados santuario para indocumentados que no colaboran con las autoridades federales de migración.
California cuenta con más de una tercera parte de los migrantes indocumentados de Estados Unidos, calculados en 11 millones de personas.
En el estado, en 2014, residían entre 2.3 y 2.6 millones de indocumentados, el 6 por ciento de su población y cerca de un cuarto del total del país, según análisis del Instituto de Política Pública de California.
Un juez de la ciudad de Chicago emitió una orden válida en todo Estados Unidos para evitar que el Gobierno federal pueda retener fondos para las llamadas ciudades santuario, como se denomina a las que protegen a migrantes sin documentos.
La decisión del juez Harry Leinenweber significa que el Gobierno de Donald Trump debe seguir otorgando recursos a este tipo de ciudades hasta que termine el proceso legal que determine si la política de detener fondos es válida legalmente.
"El tribunal concluye que la ciudad ha establecido que sufría un daño irreparable si no se introduce un fallo preliminar y no hay razón para pensar que las cuestiones legales presentes en este caso están restringidas a chicago", escribió el juez Leinenweber.
El fallo sucedió luego de que Chicago demandó al Fiscal General, Jeff Sessions, por haber anunciado que las ciudades santuario perderían fondos federales para combatir el crimen si no cooperaban con las autoridades federales en materia de migración.
El magistrado escribió que Sessions excedió su autoridad al decirle a la ciudad cómo utilizar sus recursos policiales.
"Esto no es sólo una victoria para Chicago. Esto es una victoria para las ciudades de Estados Unidos que apoyaron nuestra demanda contra el Departamento de Justicia de Trump defendiendo nuestros valores", expresó el Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, en un comunicado.
Las ciudades son consideradas santuario cuando evitan compartir con las autoridades migratorias federales información sobre las personas indocumentadas que comenten faltas que no son graves.
Asimismo, la ciudades se niegan a mantener detenidos a migrantes indocumentados para entregarlos al Gobierno federal si no existe una orden judicial que así lo requiera.