El domingo 31 de mayo, el médico cirujano Max García llegó a la clínica que dirige en Tlapa de Comonfort, en Guerrero, y se encontró con un paciente que no podía ver ni decir una sola palabra. Respiraba mal, tenía la cara roja y su presión saltaba como un animal desbocado. Los médicos no pudieron salvarlo: en ocho minutos estaba muerto. A los 40 minutos recibieron otro paciente con los mismos síntomas. Una vez que consiguieron estabilizarlo, García se fue al hospital de la ciudad para hacer una cirugía y cuando llegó estaban intubando a una chica de 22 años con un cuadro idéntico. La joven se estaba muriendo. La amiga con la que había salido a tomar algo la noche anterior, de 19 años, no alcanzó a ir al hospital: falleció en su casa ese mismo domingo.
En los seis años que lleva viviendo en Tlapa —un centro urbano “pequeño, bonito y violento” de menos de 50.000 habitantes, rodeado de comunidades indígenas, corazón de La Montaña de Guerrero—, Max García nunca había visto algo parecido. Empezó a contactar a médicos de otras clínicas para saber qué estaba pasando y se enteró de que unos días antes habían muerto tres personas más por la misma causa: intoxicación grave por alcohol adulterado. Todos habían bebido Rancho Escondido, un licor de agave que tiene casi dos décadas en el mercado y que suele consumirse como tequila barato.
El primer paciente que García vio morir ese domingo ni siquiera tomaba tequila. Sus hijos le contaron que prefería la cerveza, pero cuando fueron a buscar a la tienda no había: en marzo, el Gobierno federal prohibió la producción de cerveza por considerarla una actividad no esencial durante la pandemia y el desabasto se extendió por el país. Entonces compraron una botella de Rancho Escondido. Entre fines de mayo y principios de junio, en Tlapa fallecieron 18 personas por consumir bebidas adulteradas, casi la misma cantidad de muertes causadas por el coronavirus en el municipio. García calcula que, extraoficialmente, las víctimas fatales llegan a 30, pero no todas quedaron registradas porque murieron en sus comunidades. El virus y las teorías conspirativas han mantenido a la gente alejada de los hospitales, cuenta: “Piensan que el Gobierno mandó a matar a la población y que hay cierta cantidad con la cual tienen que cumplir los médicos. Muchos me han comentado eso, que en los hospitales matan, y por eso no van”.
Los casos fatales de intoxicación por alcohol se han disparado en México en los últimos tres meses. Al menos 195 personas en 11 Estados han muerto por esta causa, según los últimos datos de la Comisión Nacional de Adicciones (CONADIC). Y la suma de casos reportados por medios locales da una cifra mayor: más de 200. Sin contar a los que han fallecido en sus casas, ni a los que sobrevivieron y quedarán con daños irreversibles en la vista. La ola de casos más grande se dio en Puebla, donde el gobernador anunció ley seca a fines de abril: hubo 72 fallecidos, decenas de ellos tras compartir aguardiente en un velatorio. Después en Jalisco: 47 muertes, la mayoría asociadas con el consumo de alcohol de caña El Chorrito, que se usa —entre otras cosas— para preparar el “pajarete” en las rancherías: una bebida a base de leche recién ordeñada, chocolate y alcohol de 96 grados que se toma en las mañanas, para empezar el día. En Morelos, los festejos por el Día de las Madre terminaron con 18 víctimas fatales que bebieron el mismo mezcal adulterado en tres comunidades de la zona oriente del Estado. El número creció hasta llegar a 29 los días siguientes.
“Tampoco es así que un delincuente común se lleva un trailer de alcohol y lo vende”, dice Jose´ de Lucas González, vocero de la Asociación de Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas. El robo de contenedores ni siquiera está contemplado en el 36% del mercado negro de México, explica De Lucas, pero ha obligado a algunos distribuidores a dejar de utilizar trenes para transportar su mercadería —principalmente en Veracruz— y empezar a utilizar camiones con custodia, “y eso ha subido muchísimo los precios”. El robo es un elemento más en la ristra de problemas asociados con el mercado ilegal que enumera De Lucas: “Lo que más hay es evasión de impuestos”; luego está el incumplimiento de normas (de etiquetado, de las instalaciones, de la composición de las bebidas); luego la falsificación, relleno o adulteración de las bebidas; luego el contrabando (De Lucas menciona la falta de control del etanol y el contrabando de trailers con alcohol etílico desde Guatemala); “y luego está todo el tema del alcohol artesanal”.
Los reclamos de la industria siempre conducen a los impuestos. Pero cada agujero en el mercado del alcohol representa un problema real de salud pública. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco que hizo México entre 2016 y 2017 señala un hecho evidente: que los índices de consumo de alcohol en el país son altos, sobre todo el patrón de consumo excesivo. Y ofrece una conclusión menos evidente: que el abuso de alcohol “es el problema de uso de sustancias más extendido del país”, que está relacionado con más de 64 enfermedades, que es responsable del 6,5 % de las muertes prematuras y que es el principal factor de riesgo para enfermar.
En estas condiciones, las prohibiciones y el desabasto —la negligencia oficial— solo han sido una oportunidad floreciente para grandes y pequeños emprendedores de la miseria. Es un mercado que se diversifica: el lunes 22 de junio, cuando el conteo de muertes por beber alcohol adulterado parecía haberse detenido en el país, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia para que nadie usara nueve marcas de gel desinfectante fabricados por una empresa mexicana, porque habían encontrado que los geles traían grandes cantidades de metanol, una sustancia que también es tóxica cuando se absorbe a través de la piel.