El secretario de Defensa Pete Hegseth defendió su decisión de ordenar a las tropas proporcionar seguridad durante las redadas migratorias en Los Ángeles, diciendo a los senadores el miércoles que se trata de “mantener el orden público”.
El senador Jack Reed, demócrata de Rhode Island, condenó la medida como ilegal, afirmando que erosiona la preparación militar y cuestionando cómo se está financiando. Fue el segundo día de duras preguntas en el Congreso para Hegseth sobre el despliegue de tropas a pesar de las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom, la continua ayuda militar a Ucrania, un acuerdo sobre un avión qatarí y más.
“La misión en Los Ángeles, como bien sabe, señor, no se trata de letalidad”, declaró Hegseth en respuesta a las preguntas. “Se trata de mantener el orden público en nombre de los agentes del orden que merecen hacer su trabajo sin ser atacados por multitudes de personas”.
El intercambio subrayó la confusión sobre el despliegue de más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para proporcionar seguridad en las protestas y operaciones de inmigración en Los Ángeles. Las fotos han mostrado a efectivos de la Guardia estableciendo un perímetro de seguridad alrededor de los agentes mientras realizan arrestos en la ciudad, acercándolos a funciones de aplicación de la ley, lo cual por ley no se les permite hacer.
Aproximadamente 2.000 de los soldados de la Guardia están en Los Ángeles, enviados inicialmente para proporcionar seguridad. Los marines están en una base cercana y aún no han sido utilizados.
Hablando en una audiencia del subcomité de asignaciones de defensa del Senado, Reed indicó que el orden público es una función civil, no un trabajo para el ejército. La senadora Patty Murray, demócrata de Washington, agregó que el despliegue en California, junto con la amenaza del presidente Donald Trump de usar la fuerza contra los manifestantes en el desfile del 250 aniversario del Ejército el sábado, “debería detenernos a todos en seco”.
Agregó que “amenazar con usar nuestras propias tropas contra nuestros propios ciudadanos a tal escala es sin precedentes. Es inconstitucional. Y es completamente antiestadounidense”.
Preguntado más tarde sobre qué autoridad constitucional está utilizando el departamento para desplegar marines en servicio activo en las protestas, Hegseth dijo que no conocía la disposición específica pero que la proporcionaría.