En otro golpe al proyecto de ley de recortes fiscales y de gastos de los republicanos, la asesora parlamentaria del Senado informó que una propuesta para trasladar algunos costos de los cupones de alimentos del Gobierno federal a los estados —un pilar de los esfuerzos de ahorro del Partido Republicano— violaría las reglas de la Cámara.
Aunque las decisiones de la asesora parlamentaria son consultivas, pocas veces se pasan por alto. Los líderes republicanos trabajaban arduamente el sábado, días antes del inicio esperado de la votación sobre el paquete que el presidente Donald Trump desea que se convierta en ley para el 4 de Julio.
Se espera que sea una costosa derrota para los republicanos. Ellos contaban ya con algunas decenas de miles de millones de dólares en posibles ahorros del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), para ayudar a compensar los costos del plan de recortes fiscales de 4,5 billones de dólares. La asesora parlamentaria dejó en pie por ahora una disposición que impondría nuevos requisitos de trabajo a los estadounidenses de hasta 65 años para que reciban ayuda de cupones de alimentos.
“Seguiremos luchando para proteger a las familias necesitadas”, dijo la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, la principal demócrata del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado, que maneja el programa SNAP.
“La asesora parlamentaria ha dejado claro que los republicanos del Senado no pueden usar su presupuesto partidista para trasladar importantes costos de asistencia nutricional a los estados, lo que inevitablemente habría producido importantes recortes”, expresó.
El presidente del comité, el senador John Boozman, dijo en un comunicado que su equipo examina opciones que cumplirían con las reglas del Senado para lograr ahorros y “asegurar que el SNAP sirva a quienes realmente lo necesitan, al tiempo que se administran responsablemente los dólares de los contribuyentes”.
La estricta “Regla Byrd” del Senado
La oficina de la asesora parlamentaria se encarga de examinar el proyecto de ley para garantizar que cumpla con la llamada Regla Byrd, que lleva el nombre del fallecido senador Robert C. Byrd, y prohíbe muchos asuntos de política en el proceso de conciliación presupuestaria que se utiliza ahora.
El viernes por la noche, la asesora parlamentaria emitió sus hallazgos más recientes. Determinó que la propuesta del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado para que los estados asuman una parte más grande de la factura para cubrir los cupones de alimentos —lo que los republicanos llaman un nuevo arreglo de reparto de costos— violaría la Regla Byrd.
Muchos legisladores dijeron que los estados no podrían absorber el nuevo requisito de ayuda alimentaria, que durante mucho tiempo ha sido proporcionada por el gobierno federal. Advirtieron que muchas personas perderían acceso a los beneficios del SNAP utilizados por más de 40 millones de estadounidenses.
Inicialmente, la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado unos 128.000 millones de dólares en ahorros con la propuesta de la Cámara de trasladar los costos de ayuda alimentaria del SNAP a los estados. Las estimaciones de costos para la versión del Senado, que hizo cambios al enfoque de la Cámara, aún no se han hecho públicas.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó el hecho más reciente como una “pequeña pero importante victoria”, pero advirtió que el paquete general, con otros cambios en el SNAP, “Todavía incluye el ataque más brutal a la asistencia alimentaria en la historia de Estados Unidos”.
Schumer sostuvo el sábado una conferencia telefónica privada con senadores demócratas y dijo que seguirán presentando objeciones al paquete. “Los republicanos del Senado están empeñados en pagar recortes de impuestos para los multimillonarios arrancando comida de la boca de niños, ancianos, veteranos y familias”, dijo el senador de Nueva York.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN EL GRAN PROYECTO DE LEYLa decisión de la asesora parlamentaria es el más reciente de una serie de reveses, mientras el personal trabaja todo el fin de semana, a menudo hasta la medianoche, para evaluar la propuesta de 1.000 páginas. Todo apunta a que habrá serios problemas para el proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara con un voto de línea partidaria el mes pasado sobre la oposición unificada de los demócratas, y ahora está siendo revisado en el Senado.
En su núcleo, el objetivo del paquete de varios billones de dólares es extender los recortes fiscales del primer mandato de Trump que, de otro modo, expirarían si el Congreso no actúa. También añade otros nuevos, que incluyen la exención fiscal de las propinas o del pago de horas extras. Para ayudar a compensar los costos de la pérdida de ingresos fiscales, los republicanos proponen recortes a los programas federales de Medicaid, atención médica y alimentos —alrededor de un billón de dólares. Además, el paquete aumenta el gasto en seguridad nacional en unos 350.000 millones de dólares, que incluyen la financiación de las deportaciones masivas de Trump, que enfrentan protestas en todo el país.