AUSTIN, Texas
El presidente Donald Trump y los legisladores federales republicanos dieron prioridad este año a exigir que las personas demuestren su ciudadanía estadounidense antes de registrarse para votar. Convertir esa aspiración en realidad ha resultado difícil.
La orden ejecutiva de Trump que exige presentar documentos que prueben la ciudadanía para participar en las elecciones federales ha sido bloqueada por un juez, mientras que la legislación federal para implementarla no parece contar con los votos necesarios para ser aprobada en el Senado. En tanto, los esfuerzos a nivel estatal han tenido poco éxito, incluso en estados donde el gobernador es republicano y los republicanos controlan la legislatura.
El intento estatal que ha fracasado más recientemente se dio en Texas, donde un proyecto de ley del Senado no logró ser aprobado por completo antes de que el Congreso concluyera su periodo de sesiones el lunes. El proyecto de ley texano fue una de las propuestas de comprobante de ciudadanía de mayor amplitud de la nación, ya que se habría aplicado no sólo a los votantes nuevos que se registren, sino también a los aproximadamente 18,6 millones de votantes registrados del estado.
"Los autores del proyecto de ley no pudieron explicar cómo se implementaría este proyecto de ley y cómo podría implementarse sin incomodar a un gran número de votantes", dijo Anthony Gutierrez, director de Common Cause Texas (Causa Común Texas), grupo defensor del derecho al voto.
Que los no ciudadanos voten es muy raro
Es ilegal que los no ciudadanos voten en Estados Unidos y se castiga como delito grave, lo que podría conllevar la deportación, pero Trump y sus aliados han presionado para que se obligue a exigir una prueba de ciudadanía con el argumento de que eso mejoraría la confianza pública en las elecciones.
Antes de su victoria el año pasado, Trump afirmó falsamente que los no ciudadanos podrían votar en cantidades suficientes como para influir en el resultado. Si bien el voto de los no ciudadanos sí ocurre, las investigaciones y revisiones de casos estatales han demostrado que es poco común y generalmente se da por error.
Los grupos defensores de los derechos electorales dicen que las diversas propuestas que buscan exigir la prueba de ciudadanía son excesivamente onerosas y amenazan con privar del derecho al voto a millones de estadounidenses. Muchas personas no tienen fácil acceso a sus actas de nacimiento, no han obtenido un pasaporte estadounidense o su nombre ya no coincide con el que figura en su acta de nacimiento —por ejemplo, las mujeres que cambiaron su apellido al casarse—.
Mujeres casadas que cambian su apellido son una preocupación particular
El número de estados que consideran proyectos de ley relacionados con la prueba de ciudadanía para votar se triplicó de 2023 a este año, informó Liz Avore, asesora sénior de políticas del Voting Rights Lab (Laboratorio de Derechos Electorales), un grupo activista que da seguimiento a la legislación electoral en los estados.
Esto no ha resultado en muchas leyes nuevas, al menos hasta ahora. Los republicanos de Wyoming aprobaron su propia legislación sobre prueba de ciudadanía, pero medidas similares se han estancado o han fracasado en varios estados liderados por el Partido Republicano, incluidos Florida, Missouri, Texas y Utah.
APROBACIÓN DE TEXAS
Una propuesta está activa en Ohio, aunque el gobernador republicano Mike DeWine ha dicho que no quiere firmar más proyectos de ley que dificulten votar.
En Texas, la legislación fue aprobada rápidamente por el Senado estatal tras su presentación en marzo, pero nunca llegó a votación en la Cámara de Representantes. No está claro por qué fracasó una legislación que era tan prioritaria para los republicanos del Senado —todos ellos son coautores del proyecto de ley—.
"Simplemente creo que la gente se dio cuenta de lo defectuoso que ha sido este guion en otros estados, y Texas no tenía por qué cometer este error", dijo el representante demócrata John Bucy, vicepresidente de la comisión electoral de la Cámara de Representantes.
Bucy señaló preocupaciones específicas sobre las mujeres que cambiaron su apellido al casarse. Esto se hizo evidente en las elecciones locales de principios de este año en Nueva Hampshire, que aprobó un requisito de comprobante de ciudadanía el año pasado.