Funcionarios federales y estatales de Florida deben presentar los acuerdos en los que se demuestre cuál es la agencia gubernamental o contratista privado que tiene la autoridad legal para detener a personas o desempeñar las funciones de agentes de inmigración en “Alcatraz de los Caimanes”, la instalación de detención de inmigrantes en los Everglades, señaló un juez federal el lunes.
Los funcionarios deberán proporcionar a más tardar el jueves todos los acuerdos y contratos escritos que demuestren quién tiene la custodia legal sobre las cientos de personas detenidas en la instalación —la cual fue construida a toda prisa hace más de un mes en una aislada pista de aterrizaje en los Everglades del sur de Florida—, informó el juez federal Rodolfo Ruiz, quien fue designado por el presidente Donald Trump.
La orden de Ruiz forma parte de una demanda de derechos civiles presentada por abogados de inmigración contra los gobiernos a nivel estatal y federal en la que se argumenta una violación a los derechos constitucionales de los detenidos en la instalación, ya que se les prohíbe reunirse con abogados, están siendo retenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza. Determinar quién tiene autoridad sobre el centro de detención ha sido un tema confuso desde que la instalación comenzó a operar a principios de julio. El gobierno federal y el gobierno de Florida habían solicitado que cualquier divulgación se limitara a acuerdos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus inciales en inglés) y tres agencias de Florida: la Patrulla de Caminos de Florida, la Guardia Nacional de Florida y el Departamento de Seguridad de Florida.
Los abogados de los detenidos habían solicitado documentos que demostraran quién era responsable de los procedimientos de deportación, así como información sobre el número de empleados en la instalación, pero Ruiz dijo que esas solicitudes eran demasiado amplias.