Una jueza federal bloqueó parcialmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del gobierno del presidente Donald Trump en el área de Chicago, pero su fallo del jueves no entró en aspectos específicos.
La jueza federal April Perry no entró en detalles de ninguna orden ni indicó qué parte de la solicitud estaba concediendo. Prometió más detalles para el viernes.
La demanda fue presentada el lunes por la ciudad de Chicago y el estado de Illinois para detener los despliegues de miembros de la Guardia de Illinois y Texas. Algunos soldados ya se encontraban resguardando un edificio de inmigración en Broadview, un suburbio de Chicago, cuando Perry escuchó los argumentos el jueves.
El edificio ha sido escenario de enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes.
Perry dijo que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) están arraigadas en gran medida en la “animosidad hacia los funcionarios electos de Illinois” por parte de Trump. Expresó escepticismo en torno a la caracterización del gobierno federal de las protestas en Broadview.
“La narrativa de los eventos por parte del DHS simplemente es poco confiable”, subrayó.
La ciudad y el estado han dicho que los despliegues son innecesarios e ilegales, mientras que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y otros funcionarios locales se han opuesto firmemente al uso de la Guardia. En un documento judicial, la ciudad y el estado dijeron que las protestas en el centro de detención temporal para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en Broadview “nunca han estado cerca de frenar la aplicación de las leyes federales de inmigración”.
Mientras tanto, Trump ha retratado a Chicago como un “infierno” fuera de la ley, a pesar de que las estadísticas demuestran una disminución significativa en los índices delictivos en la ciudad .
El abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, afirmó en el tribunal que la misión de la Guardia sería proteger propiedades federales y a los agentes del gobierno en el campo, no “resolver todo el crimen en Chicago”.
La Ley Posse Comitatus, promulgada hace casi 150 años, limita el papel del ejército en la aplicación de las leyes en territorio nacional. Sin embargo, Trump ha dicho que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección —la cual permite que el presidente ordene el envío de militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o desafían la ley federal.