Jueza prohíbe despedir a empleados durante cierre

La jueza federal Susan Illston prohibió temporalmente al gobierno del presidente Donald Trump despedir a trabajadores durante el cierre de operaciones gubernamentales

SAN FRANCISCO.- La jueza federal Susan Illston prohibió temporalmente al gobierno del presidente Donald Trump despedir a trabajadores durante el cierre de operaciones gubernamentales, asegurando que los recortes parecían tener motivos políticos y se estaban llevando a cabo sin mucha reflexión.

Illston, en San Francisco, presionó en repetidas ocasiones a la asistente del fiscal federal para que explicara la justificación del gobierno para los más de 4.100 avisos de despido que comenzaron a emitirse desde el viernes, a pesar de que los empleados suspendidos no tienen acceso a sus correos electrónicos de trabajo y no hay especialistas en recursos humanos que les brinden asistencia con los siguientes pasos.

“Prácticamente se trata de disparar contra la mayoría de estos programas, y esto tiene un costo humano”, afirmó. “Es un costo humano que no se puede tolerar”.

La jueza concedió una orden de restricción temporal que bloquea los recortes, señalando que creía que la evidencia finalmente demostraría que los recortes eran ilegales y un exceso a su autoridad.

La Casa Blanca remitió las solicitudes de comentarios de The Associated Press a la la Oficina de Administración y Presupuesto, la cual no respondió de momento.

La American Federation of Government Employees y otros sindicatos federales le habían solicitado a Illston que prohibiera que el gobierno emitiera nuevos avisos de despido e implementara aquellos que ya habían sido enviados. Los sindicatos indicaron que los despidos eran un abuso de poder con el objetivo de castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.

“El presidente parece pensar que su cierre del gobierno está distrayendo a la gente de las acciones perjudiciales e ilegales de su administración, pero el pueblo estadounidense lo está responsabilizando, incluso en los tribunales”, aseguró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de la organización legal Democracy Forward. “Nuestros servidores públicos hacen el trabajo del pueblo, y jugar con sus medios de vida es cruel e ilegal y una amenaza para todos en nuestra nación”.

La orden de Illston se produce en momentos en que el cierre, que comenzó el 1 de octubre, entra a su tercera semana.