El exalcalde de Progreso ha sido sentenciado a prisión federal por su papel en una conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Gerardo Alanís se declaró culpable el 25 de febrero.
El juez federal de distrito, Fernando Rodríguez Jr., ha ordenado a Alanis cumplir 46 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de tres años de libertad supervisada. También recibió una multa de $15,000. En la audiencia, el tribunal escuchó evidencia adicional que describió el uso de un edificio escolar para almacenar y reenvasar cocaína. Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que las drogas peligrosas destruyen vidas en ambos lados de la frontera y que el uso de la propiedad del distrito escolar fue un factor agravante al determinar la sentencia apropiada.
“Es impensable que un funcionario público permita que, precisamente, una escuela se utilice como almacén de cocaína. Los hechos de este caso demuestran cómo el narcotráfico afecta a todos los ámbitos de una comunidad, no solo a las fuerzas del orden”, declaró Ganjei. “El Distrito Sur de Texas se compromete a garantizar escuelas y calles seguras, y parte de ese objetivo es la eliminación total de las organizaciones de narcotráfico que operan en nuestra zona de operaciones”.
La investigación determinó que, entre 2020 y 2022, los conspiradores contrabandearon kilogramos de cocaína a Estados Unidos desde México. La organización narcotraficante luego reempacaba y ocultaba la cocaína en compartimentos ocultos integrados en camiones de 18 ruedas. Otros involucrados en la conspiración la transportaban a otros estados, específicamente a Illinois, Tennessee y Carolina del Norte.
Varios otros ya han sido sentenciados por su participación en el esquema. Francisco Alanis, de 42 años y residente de Weslaco, recibió una condena de 150 meses en una prisión federal. Eulalio Sierra, de 51 años y residente de Los Indios, recibió una condena de 120 meses, mientras que José Salas, de 43 años y residente de Weslaco, recibió una condena de 47 meses, y Ralph Lozano, de 39 años y residente de Houston, cumplió su condena.
David Gómez-Ramos, de 36 años y residente de Mercedes, cumplirá una condena de 139 meses de prisión, mientras que Juan Pablo Serrata, de 50 años y residente de Santa Rosa, y Gregorio Salinas, de 54 años y residente de Mercedes, recibieron condenas de 70 y 37 meses, respectivamente. Gómez-Ramos, Serrata y Salinas no son ciudadanos estadounidenses y se espera que enfrenten un proceso de deportación tras cumplir su condena.
A Alanis se le permitió permanecer bajo fianza y entregarse voluntariamente en un futuro cercano.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) - Investigaciones de Seguridad Nacional llevó a cabo la investigación con la asistencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Grupo de Trabajo sobre Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (TAA), la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y los Rangers de Texas. El fiscal federal adjunto (AUSA) Lance Watt y la ex fiscal federal adjunta Alejandra Andrade procesaron el caso.