Alrededor del 90 por ciento de los vehículos importados bajo el decreto presidencial presentan irregularidades en su trámite, lo que ha derivado en decomisos constantes por parte de las autoridades, alertó Cristian Pérez, consejero de la CANACO y abogado local. De acuerdo con el especialista, diariamente se tiene conocimiento de al menos siete u ocho vehículos asegurados por no cumplir correctamente con las disposiciones legales.
Explicó que el problema radica en la llamada "nulidad de origen", una figura legal que se aplica cuando la importación se realizó de manera incorrecta. Al declararse esta nulidad, el vehículo se considera como no debidamente importado y, por lo tanto, es totalmente embargable. Ante la cercanía del periodo vacacional de diciembre, cuando aumenta considerablemente el flujo vehicular en carreteras, puentes internacionales y retenes, hizo un llamado a la población a revisar minuciosamente la situación legal de sus automóviles.
Destacó que muchas personas realizaron el trámite a través de asesorías o comercializadoras, cuando el decreto establecía que la importación debía hacerse de manera personal, bajo protesta de decir verdad, asumiendo el propietario toda la responsabilidad de los datos proporcionados. Aunque recurrir a terceros no es ilegal, la responsabilidad final siempre recae en quien aparece como titular del vehículo.
Entre las recomendaciones principales, Pérez destacó la importancia de verificar el título del automóvil, especialmente las fechas de ingreso establecidas en el decreto y el lugar de importación, información que suele encontrarse en la parte posterior del documento. Otra opción es ingresar el número de serie del vehículo en internet, ya que en muchos casos aparece que fue vendido recientemente en una subasta, lo que evidenciaría que no podía ser regularizado bajo el decreto.
Advirtió que los decomisos son procedentes y que, aunque existe la posibilidad de recuperar el vehículo mediante un litigio en juzgados federales, se trata de un proceso largo, costoso y que puede durar alrededor de un año. Además, las multas por no atender estas irregularidades pueden oscilar entre los 300 mil y 700 mil pesos, independientemente de la pérdida del automóvil.