Para el próximo ciclo agrícola, más de 500 mil hectáreas podrían quedar sin sembrar, lo que representa más del doble de la superficie no cultivada en el actual ciclo, alertó la diputada local del PAN, Marina Ramírez.
Los agricultores vienen arrastrando rezagos en apoyos y producción, lo que este año ha detonado manifestaciones y bloqueos carreteros por parte de productores de sorgo, quienes exigen al Gobierno federal un precio de garantía que cubra, al menos, los costos de producción.
La situación ha escalado a protestas que incluyeron el cierre del puente internacional Reynosa-Pharr, clave para el comercio binacional entre México y Estados Unidos.
“Tamaulipas ha sido históricamente líder en la producción de sorgo; no podemos permitir que se abandone lo que hemos construido por décadas”, sostuvo la legisladora de San Fernando.
En la temporada agrícola anterior, al menos 200 mil hectáreas se quedaron sin cultivar por falta de rentabilidad y condiciones climáticas adversas.
De cumplirse el pronóstico actual, el abandono de tierras se multiplicaría por más de dos, lo que dejaría fuera del mercado a cientos de productores, especialmente en el norte y centro del estado.
El mayor impacto sería en el sorgo, cultivo emblemático de Tamaulipas, que por décadas ha colocado a la entidad como uno de los principales productores nacionales.
Sin embargo, la diputada advirtió que el panorama se ha revertido y ahora México importa más de la mitad del sorgo que consume, principalmente de Estados Unidos.
“Más del 80% de la alimentación animal que llega a la mesa de los mexicanos contiene sorgo. ¿Cómo es posible que estemos importando mientras nuestras tierras quedan sin uso?”, cuestionó Ramírez.
La advertencia de la diputada ocurre en medio de una movilización campesina, protagonizada por productores de sorgo agrupados en el Frente Estatal de Productores Agropecuarios.
Desde principios de julio, éstos han bloqueado carreteras federales, como la Victoria-San Fernando, y han paralizado el tránsito comercial hacia Estados Unidos en el puente internacional Reynosa-Pharr.
Los agricultores exigen al Gobierno Federal un ingreso objetivo de entre 4 mil 500 y 5 mil 000 pesos por tonelada, ante el desplome de los precios internacionales.
Reclaman también la ausencia de apoyos directos y la falta de diálogo efectivo con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Durante los bloqueos, algunos enfrentamientos tensos se han registrado entre productores y transportistas varados, lo que ha elevado aún más la presión sobre las autoridades estatales y federales.
En este contexto, la diputada Marina Ramírez propuso instalar una mesa de trabajo amplia y plural que incluya a autoridades federales, estatales, diputados de todas las bancadas y representantes de los productores.
“El campo no tiene colores políticos, hay que salir del escritorio y acercarnos a los productores. Existe un sentimiento de abandono entre los campesinos, y con razón”, dijo.
La legisladora también criticó la falta de planeación para enfrentar esta crisis, al tiempo que urgió a fortalecer los esquemas de financiamiento y comercialización para evitar el colapso del sector agrícola.
“Si el gobierno no actúa con responsabilidad, no solo perderemos cosechas, perderemos comunidades enteras que viven del campo”, advirtió.
Aunque el Gobierno del Estado ha hecho llamados al diálogo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo que garantice un precio de comercialización justo ni que ofrezca mecanismos de rescate para los agricultores afectados.