La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) inició una serie de procedimientos administrativos en contra de diez exservidores públicos por su presunta responsabilidad en actos de negligencia, omisión o incumplimiento de funciones.
Las investigaciones se llevan en contra de exagentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Investigadora, según las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado (POE), luego de que no fuera posible localizar a los involucrados por medios convencionales.
Uno de los procedimientos se abrió contra Alma Cecilia Ordóñez Muñoz, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Reynosa.
Según el expediente administrativo 654/2021, se le acusa de no haber formulado la acusación correspondiente dentro del plazo legal, tras cerrarse la investigación complementaria de la carpeta CP/105/2017.
Casos similares se observan en los procedimientos administrativos 008/2021, 248/2020, y 445/2021 por omisiones que cometió la agente durante sus funciones en el Ministerio Público. Estas omisiones pudieron haber vulnerado el derecho de audiencia de los imputados, previsto en el artículo 14 constitucional.
Mientras que Edwing Staling Aceves García aparece en tres procedimientos distintos (51/2021, 69/2021 y 98/2021) como agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada en Nuevo Laredo, se le señala por no aplicar medios de apremio cuando peritos ignoraron sus instrucciones, así como por omitir diligencias fundamentales del protocolo estatal de búsqueda de personas no localizadas.
Además, en el expediente 98/2021, se documenta una serie de fallas graves durante la investigación de la carpeta NUC 24/2018, en la que se omitió recabar huellas, ADN y colaborar con procuradurías de otros estados.
En otro frente, el expediente 075/2023 está dirigido a José Guadalupe Romero Gómez, exagente de la Policía Estatal Investigadora, a quien se le atribuye no haber rendido un informe en el Registro de Atención Ciudadana 111/2021.
La Fiscalía no logró ubicarlo en ninguno de los domicilios reportados, por lo que se recurrió a la notificación pública.
Por su parte, Brenda Elizabeth Estrella de la Cruz, exagente de la Policía Investigadora adscrita a El Mante, enfrenta el procedimiento 118/2023.
Se le acusa de rendir un informe de investigación deficiente en la carpeta 26/2022, sin explorar todas las líneas posibles, lo cual contraviene principios básicos de exhaustividad en la indagatoria.
Fidel Rangel Sánchez exagente suboficial de la Policía Investigador Comisionado a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, también es investigado por la acumulación de expedientes en su contra; en el procedimiento 178/2020 se le imputa haber abandonado sus labores sin justificación y no haber entregado equipo oficial.
En el expediente 414/2020, se documenta la pérdida de armas bajo su responsabilidad sin haber reportado ni colaborado en su recuperación.
Mientras que en el 430/2020 se le Investiga por faltar a sus labores sin causa justificada los días 28, 29, y 30 de septiembre y el 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de octubre del 2020 generando con ello los reportes administrativos de su ausencia por lo que debe aclarar el motivo del por qué faltó a sus labores.
Otro procedimiento se abrió en contra de Pedro Adolfo Ramírez Balboa, exagente del MP, con el expediente 285/2020, eb este se le acusa de no hacer cumplir una orden de investigación emitida en diciembre de 2017. Estaba adscrito a la Unidad General de Investigación 3 en Ciudad Victoria al momento de los hechos.
También figura en la lista Carlos Alberto Sosa Hernández, quién fungía como como inspector de la policía estatal investigadora en la ciudad de Reynosa en el expediente 336/2020, toda vez que no dijo que todo el mandamiento ministerial guiado por el MP en el oficio 1442/2017 por lo que debe presentarse a las oficinas de la fiscalía en Ciudad Victoria para esclarecer sus omisiones.
Lo mismo ocurre con Guadalupe del Carmen Pérez Hernández, mencionada en el expediente 348/2020, cuyo procedimiento administrativo fue iniciado sin que se precisaran públicamente los motivos exactos.
El exagente José Manuel Esquivel Cantú, incluido en el expediente 429/2021, es investigado por supuestas irregularidades detectadas en una visita técnica a la Unidad de Personas No Localizadas.
De manera similar, Juan Antonio Fonseca Peña aparece en el expediente 572/2021 por no haber iniciado una carpeta de investigación sobre un presunto secuestro, pese a tener conocimiento del caso.
En todos los casos, la Fiscalía ha otorgado un plazo de 60 días naturales a partir de la última publicación de los edictos para que los implicados se presenten a rendir cuentas ante la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación, con sede en Ciudad Victoria.
Se les ha garantizado el derecho a una defensa adecuada, ya sea mediante abogado particular o defensor público, revela el documento.
Aunque los procedimientos aún están en etapa inicial, en una primera etapa la Fiscalía no ha logrado ubicar a los exagentes para aclarar sus procedimientos y solventar las irregularidades detectadas durante sus funciones.
Exagentes Investigados1 Alma Cecilia Ordóñez Muñoz, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en Reynosa. Se le acusa de no haber formulado una acusación dentro del plazo legal.
2 Edwing Staling Aceves García, agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada en Nuevo Laredo. Se le acusa de no aplicar medios de apremio cuando peritos ignoraron sus instrucciones, así como por omitir diligencias fundamentales del protocolo estatal de búsqueda de personas no localizadas.
3 José Guadalupe Romero Gómez, exagente de la Policía Estatal Investigadora, a quien se le atribuye no haber rendido un informe en el Registro de Atención Ciudadana.
4 Brenda Elizabeth Estrella de la Cruz, exagente de la Policía Investigadora adscrita a El Mante, se le acusa de rendir un informe de investigación deficiente en la carpeta, sin explorar todas las líneas posibles, lo cual contraviene principios básicos de exhaustividad en la indagatoria.
5 Fidel Rangel Sánchez, exagente suboficial de la Policía Investigador Comisionado a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, se le imputa haber abandonado sus labores sin justificación y no haber entregado equipo oficial.
6 Pedro Adolfo Ramírez Balboa, exagente del Ministerio Público, se le acusa de no hacer cumplir una orden de investigación emitida en diciembre de 2017. Estaba adscrito a la Unidad General de Investigación 3 en Ciudad Victoria al momento de los hechos.
7 Carlos Alberto Sosa Hernández, quien fungía como como inspector de la Policía Estatal Investigadora en Reynosa, se le acusa de que no dijo que todo el mandamiento ministerial guiado por el Ministerio Público por lo que debe presentarse a las oficinas de la fiscalía en Ciudad Victoria para esclarecer sus omisiones.
8 Guadalupe del Carmen Pérez Hernández, mencionada en el expediente 348/2020, cuyo procedimiento administrativo fue iniciado sin que se precisaran públicamente los motivos exactos.
9 José Manuel Esquivel Cantú es investigado por supuestas irregularidades detectadas en una visita técnica a la Unidad de Personas No Localizadas.
10 Juan Antonio Fonseca Peña se le acusa de no haber iniciado una carpeta de investigación sobre un presunto secuestro, pese a tener conocimiento del caso.