En Tamaulipas, 348 mil 397 personas continúan en pobreza alimentaria, reconoció la Secretaría de Bienestar local.
Ese universo de población tiene problemas para tener acceso a la alimentación, una condición que limita el ejercicio pleno de uno de los derechos humanos básicos y que golpea con mayor fuerza a los municipios fronterizos, de acuerdo con la medición de pobreza multidimensional 2024 del INEGI.
El diagnóstico oficial considera en carencia por acceso a la alimentación a los hogares que presentan inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, aquellos donde no existe certeza de contar de manera regular con alimentos suficientes, nutritivos y de calidad.
Bajo este criterio, la problemática alcanza a los 43 municipios del estado, con especial incidencia en ciudades con alta concentración poblacional y zonas de rezago social.
Los datos muestran que la franja fronteriza y los principales centros urbanos concentran el mayor número de personas en pobreza alimentaria.
Matamoros encabeza la lista con 95 mil 556 personas, seguido de Reynosa con 84 mil 307, Nuevo Laredo con 59 mil 337 y Río Bravo con 19 mil 633.
En la zona centro y sur del estado, Ciudad Victoria registra 56 mil 737 personas en esta condición, Altamira 56 mil 065, Tampico 40 mil 768, Ciudad Madero 21 mil 844, El Mante 17 mil 744 y San Fernando 8 mil 601.
Si bien estas cifras reflejan volumen poblacional, también evidencian desigualdades relacionadas con ingresos insuficientes, empleo precario, encarecimiento de la canasta básica y deficiencias en la cobertura de programas alimentarios.
El análisis estatal identifica que la inseguridad alimentaria en Tamaulipas responde a factores económicos, sociales y operativos que pueden y deben ser atendidos desde el ámbito gubernamental.
Sebien considera que estas causas se agrupan en cuatro dimensiones principales. La primera es la insuficiencia de apoyos alimentarios directos, caracterizada por la limitada disponibilidad y accesibilidad a alimentos nutritivos en localidades vulnerables.
A ello se suma el limitado conocimiento sobre alimentación saludable y el aprovechamiento de apoyos, lo que deriva en un uso ineficiente de los recursos disponibles y una escasa orientación nutricional.
Una tercera dimensión es la inestabilidad operativa de los espacios de alimentación, que afecta la provisión regular de raciones alimentarias, particularmente en comunidades marginadas.
La falta de una alimentación adecuada no solo se traduce en hambre, pues de acuerdo con el diagnóstico, si no se interviene oportunamente, las consecuencias se reflejan en una disminución del desempeño físico e intelectual, reduciendo la productividad laboral y profundizando los ciclos de pobreza.
En niñas, niños y adolescentes, la deficiencia nutricional afecta el rendimiento escolar y el desarrollo cognitivo, limitando la atención, la memoria y la comprensión.
Entre los grupos prioritarios se encuentran personas de 18 a 64 años con mala nutrición, independientemente del grado de marginación; personas con bajos ingresos familiares; mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; y quienes realizan trabajo voluntario en comités de Desayunos Escolares o Comedores Comunitarios.
También se considera a niñas y niños de seis meses a cinco años 11 meses no incorporados a programas escolares, así como a estudiantes de tres a 17 años que asisten a planteles públicos ubicados en zonas prioritarias o con alta prevalencia de desnutrición.
Para atender esta problemática, el estado opera el esquema de Apoyos Alimentarios, integrado por diversas acciones, entre ellas destaca Alimentación para Todos, que busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos mediante dotaciones de canasta básica con criterios de calidad nutricia.
Asimismo, la Feria Mercado de Alimentos "Come Bien, Vive Bien" ofrece paquetes alimentarios a bajo costo con hortalizas, frutas, verduras y productos esenciales, mientras que los Comedores Comunitarios Voluntad, Paz y Esperanza proporcionan comidas calientes en espacios comunitarios que fomentan la organización y participación social.
El financiamiento de los programas proviene del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS).
El Estado plantea para el 2030 poner fin al hambre y asegurar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente para todas las personas, en especial los grupos más pobres y vulnerables.