El Congreso local recibió una iniciativa de reforma constitucional que planea blindar el uso de recursos públicos para invertir en acciones, títulos y valores bursátiles con alto riesgo de pérdidas. El proyecto impulsado por Morena y el PT pretende prohibir que las secretarías, órganos autónomos y organismos públicos descentralizados hagan uso del dinero público en prácticas financieras que se alejan del destino original del presupuesto estatal.
En la exposición de motivos, los legisladores advierten que algunos órganos autónomos han utilizado recursos públicos para colocarlos en instrumentos bursátiles, bajo el argumento de generar rendimientos con fondos no ejercidos o subejercidos; sin embargo, cuestionan la lógica detrás de esa práctica.
“El dinero público pertenece al pueblo de Tamaulipas. No debe concebirse como un recurso abstracto ni un capital financiero que pueda utilizarse a discreción”, señala el documento.
Señala que el presupuesto no se autoriza para apostarse en la bolsa, sino para ejecutarse en obra pública, seguridad, bienestar, desarrollo económico, turismo y otras áreas justificadas.
Los legisladores aseguran que la falta de una prohibición expresa en el marco jurídico permitió que algunas instituciones movieran recursos públicos hacia instrumentos de riesgo financiero. Según la iniciativa, esta práctica abrió “una zona gris en la administración de los recursos públicos”, pues los rendimientos generados en ocasiones se manejaron con menor control que el presupuesto ordinario.
A ello agregan que existen antecedentes de pérdidas derivadas de inversiones indebidas, citando un caso en el que se autorizaron más de 200 millones de pesos en una institución financiera quebrada en el período 2016-2022. “Este episodio demuestra que cuando el dinero público se coloca en mercados de instrumentos bursátiles sin un marco normativo claro, sin transparencia adecuada y sin ganancia presupuestal, no solo se pierde el rendimiento esperado, sino que corre el riesgo de perderse el capital mismo”.
La propuesta obliga a retirar todas las inversiones vigentes que se encuentren en títulos o acciones de bolsa sujetas a riesgo, y transferir esos recursos, junto con sus rendimientos, a la Secretaría de Finanzas del Estado, que será la encargada de decidir el momento oportuno para su liquidación. El objetivo, enfatizan, es “aminorar las pérdidas por liquidación anticipada”.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y Administración para su análisis, discusión y elaboración del dictamen.
“Los recursos públicos no son capital de riesgo, son patrimonio social. El dinero de la gente no se administra para especular con él, sino para garantizar servicios y derechos”.
Entre los cambios propuestos se incluye la adición del artículo 46 Bis a la Ley de Gasto Público, que señala: “Los órganos autónomos estarán impedidos de realizar inversiones en títulos, valores o acciones de bolsa sujetos a riesgo o variación de mercado”.
También se modifica el artículo 98 de la Ley Electoral para impedir que el IETAM destine su presupuesto a inversiones bursátiles. En el caso de la Fiscalía General de Justicia, la reforma indica que su presupuesto “no podrá destinarse a realizar inversiones en títulos, valores o acciones de bolsa sujetos a riesgo o variación del mercado”.
Los artículos transitorios establecen que los órganos autónomos deberán retirar las inversiones existentes y reportar al Congreso el cumplimiento de la reforma en un plazo máximo de 60 días naturales. Además, la Secretaría de Finanzas deberá emitir lineamientos para la recepción y registro de los recursos.
La iniciativa plantea reformar la Constitución Política del Estado y al menos ocho ordenamientos legales, entre ellos la Ley de Gasto Público, la Ley Electoral, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.