La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investiga presuntas irregularidades en contratos celebrados en la Secretaría de Obras Públicas en la Cuenta Pública del 2024.
La Secretaría de Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, precisó que el objetivo del proceso de fiscalización es verificar la correcta aplicación de recursos y detectar posibles irregularidades.
Actualmente se revisan programas como Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), PROAGUA, hidrocarburos y El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), entre otros.
Sin embargo, algunas auditorías ya han concluido son que se hayan presentado observaciones graves, pasando los principales filtros para detectar posibles inconsistencias.
“Ayer cerramos una y solamente tenemos un Proceso de Responsabilidades Administrativas y dos recomendaciones, pero están en proceso el FISE, está PROAGUA, está hidrocarburos, está FAFEF y todavía no tenemos resultados preliminares”, detalló.
La funcionaria explicó que el procedimiento para solventar observaciones está claramente establecido, pues la Secretaría de Obras Públicas tiene cinco días para aclarar inconsistencias en caso de que se reciba un informe o resultados preliminares de una auditoría, así como 45 días más para hacerlo en caso que el tiempo le resulte insuficiente.
“Y cuando es un pliego de observación que es cuando hay una presunción de daño al erario público, de hecho son temas que no se quedan en esta dependencia, se van a quedar con la Auditoría Superior de la Federación porque se presumen delitos de otro tipo”, señaló.
Pedraza Melo precisó que a la Secretaría de Anticorrupción le corresponde investigar y sancionar únicamente las faltas administrativas no graves, mientras que las irregularidades que impliquen daño al erario o posibles delitos se turnan a la ASF.
“La ley marca que las faltas no graves son las que estudia, sustancia y sanciona” la dependencia, enfatizó.
Respecto a si la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno modifica los procesos de investigación, Pedraza Melo aclaró que los procesos de investigación siguen el mismo turno.
“Los procesos están documentados en ley y los tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces el principio de presunción de inocencia, de debido proceso, no cambia esa base normativa porque cambió el nombre de la dependencia”.
También recordó que, cuando se detectan elementos que tipifican un delito, se da vista a la Fiscalía del Estado o a la Fiscalía General de la República.
“Hemos presentado denuncias a la Fiscalía del Estado y a la General de la República”, apuntó.