Por contaminar la playa Bagdad de Matamoros, el Gobierno de México prepara acciones legales contra la empresa aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, luego de que restos del cohete Starship 36 cayeran en costas de Tamaulipas tras una explosión ocurrida el pasado 19 de junio, causando presunto daño ambiental.
De acuerdo con el subsecretario de Medio Ambiente en Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar la magnitud del impacto ecológico en zonas como Playa Bagdad y la desembocadura del Río Bravo, donde se hallaron diversos residuos.
“Sí hay contaminación. Hay indicios de que se están violando leyes internacionales, y a partir de ahí se iniciará un proceso”, afirmó el funcionario estatal.
Además, confirmó que la administración federal analiza las posibles violaciones normativas para proceder legalmente.
Tras la explosión del cohete Starship 36, fueron localizados en territorio tamaulipeco fragmentos como tanques de gas, chapas de acero y piezas de aluminio.
Estos residuos cayeron en un ecosistema considerado área natural protegida, lo que agrava la situación jurídica y ambiental del caso, según el funcionario.
“Porque se trata de un cuerpo de agua bajo jurisdicción federal, dentro de un área natural protegida, hay que esperar los resultados”, puntualizó Becker Hernández.
La autoridad responsable de determinar el impacto es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que encabeza las investigaciones en campo.
Aunque el Gobierno de Tamaulipas no es directamente responsable del procedimiento, se ha mantenido informado y participa en labores de acompañamiento.
“No estamos directamente a cargo, pero hemos estado en contacto y colaborando con Profepa. La Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas ha acompañado parte del proceso”, explicó el subsecretario.
La posibilidad de restringir el acceso a Playa Bagdad por riesgos a la salud o al ecosistema no ha sido descartada, sin embargo, tal medida dependerá de los hallazgos técnicos que recabe la autoridad federal.
“Todo depende del tipo de residuos que se encuentren y del impacto que representen. En función de eso, se evaluarán las acciones a tomar”, dijo Becker Hernández al respecto.
De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, el gobierno federal ya está revisando el marco jurídico internacional aplicable, debido a que los residuos proceden de una empresa extranjera y cayeron en territorio nacional sin autorización ni notificación previa.
Apenas el fin de semana pasado, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Profepa realizó inspecciones en Matamoros, documentando el daño ambiental provocado por fragmentos del vehículo espacial.