Tamaulipas prevé realizar a 3 mil búsquedas en la entidad el próximo año, para lograr localizar a 13 mil 639 personas reportadas como no localizadas o desaparecidas.
Esas labores representan apenas el 22 por ciento del total de personas desaparecidas en Tamaulipas desde 1952, bajo el supuesto que en cada búsqueda se logre ubicar e identificar a la misma cifra de personas con o sin vida.
La dimensión del reto contrasta con un sistema que, además de estar rebasado, enfrenta barreras burocráticas que limitan el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.
En Tamaulipas, la atención a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas "representan dos de los mayores desafíos en materia de justicia y derechos humanos", de acuerdo con la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
Ambas problemáticas, advierte el documento, están estrechamente ligadas porque se debe garantizar la reparación integral y, al mismo tiempo, cumplir con el deber del Estado de localizar a las personas desaparecidas y ofrecer verdad y justicia a sus familias.
Según la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Tamaulipas se han reportado 13 mil 639 personas desaparecidas al 29 de diciembre de 2025.
La CEAV fue creada para brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a quienes han sufrido un delito o una violación a sus derechos humanos, sin embargo, el propio diagnóstico reconoce que la institución arrastra problemas como "la falta de actualización y evolución en sus procesos, un marco regulatorio insuficiente, la ausencia de políticas públicas bien estructuradas y una limitada coordinación interinstitucional", además de una difusión deficiente de los derechos de las víctimas.
También se reconoce que solo el 10 por ciento de los delitos cometidos en el Estado son denunciados, lo que deja fuera del esquema de atención y reparación a más del 90 por ciento de las víctimas.
Muchas de ellas, señala el documento, acuden a la Comisión en busca de apoyo y, al no cumplir con los criterios normativos, reciben una negativa que "agrava su situación emocional y social".
"La asesoría jurídica, la orientación y la atención inmediata brindada suelen presentarse de manera generalizada, sin un enfoque que considere las particularidades de cada caso", como la edad, el género, las condiciones socioeconómicas o la etapa del daño, lo que reduce la eficacia de las intervenciones y dificulta los procesos de reparación integral.
A la sobrecarga institucional se suma un entramado de requisitos que, en la práctica, se convierten en un obstáculo para las víctimas.
Para abrir un expediente ante la CEAV, las personas deben presentar identificación oficial, constancia de calidad de víctima, copia de la denuncia, actas de nacimiento, CURP y comprobantes de domicilio recientes, entre otros documentos.
En el caso de las víctimas indirectas, como familiares de personas desaparecidas, se agregan actas de matrimonio, acreditación de concubinato, tutela o documentos escolares y de salud de menores.
El proceso no termina ahí. Después de reunir la documentación, las personas deben pasar por un procedimiento que incluye la verificación de su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, la evaluación del caso y entrevistas con personal especializado en psicología, trabajo social y materia jurídica para determinar el tipo de apoyo que recibirán.
INCERTIDUMBRE Y DESGASTETodo ello ocurre mientras las víctimas enfrentan incertidumbre, desgaste emocional y, en muchos casos, afectaciones económicas derivadas del delito o la desaparición de un familiar.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) tiene cobertura en todo el territorio tamaulipeco y, por la naturaleza de los casos, incluso puede extender su actuación a otras entidades federativas o países.
No obstante, el diagnóstico advierte problemas como el desconocimiento de los mecanismos de acompañamiento, estrategias de comunicación insuficientes y una débil articulación entre las instituciones encargadas de la investigación, coordinación y seguimiento de los operativos.
Estas fallas provocan que se pierda información valiosa, se prolongue el sufrimiento de las familias y se debilite la confianza social en las autoridades.