El Poder Judicial del Estado aprobó un modelo de supervisión integral para evaluar el desempeño de juezas y jueces, un esquema que no solo medirá productividad y calidad de las resoluciones, sino también el estado ético, psicológico, médico y socioeconómico de las personas juzgadoras.
El acuerdo, avalado por el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, establece las bases que aplicará el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial a partir de 2026, en el marco de la reciente reforma al Poder Judicial estatal y tras la instalación formal del nuevo órgano disciplinario en octubre de 2025.
La evaluación se estructura en tres bloques, que contempla la "función jurisdiccional", "aspecto administrativo" y "otros aspectos complementarios", con el "objetivo de garantizar legalidad, objetividad, profesionalización y mejora continua en la impartición de justicia".
En el rubro estrictamente jurisdiccional, se revisará que las resoluciones se dicten y cumplan dentro de los plazos legales, que no contravengan disposiciones normativas, ni criterios jurisprudenciales y que mantengan coherencia con el propio criterio del órgano jurisdiccional.
También será evaluado el desempeño de las personas juzgadoras en audiencias, considerando la conducción procesal, el trato a las partes, el manejo del tiempo, el uso adecuado del lenguaje jurídico y el respeto a los principios de oralidad cuando la materia así lo requiera.
Asimismo, se verificará que las audiencias se celebren en la fecha y hora programadas, conforme a las reglas de cada materia. El segundo bloque corresponde al aspecto administrativo, donde se medirá desde la permanencia en el área de trabajo y el cumplimiento del horario laboral, hasta el orden y funcionamiento interno de los juzgados. Es decir, que cumplan con sus horarios establecidos, para evitar un rezago en expedientes.
También se evaluará la capacidad de las personas juzgadoras para supervisar al personal a su cargo, garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales y administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales.
Uno de los aspectos más novedosos del nuevo modelo es la inclusión de evaluaciones complementarias que buscan detectar riesgos éticos, psicológicos y de conducta que puedan afectar el ejercicio de la función judicial.
El acuerdo contempla valoraciones psicométricas, que deberán incluir pruebas o test de ética y serán realizadas por el Centro de Convivencia Familiar; evaluaciones médicas a cargo de instituciones públicas o las que determine el Tribunal de Disciplina Judicial; así como estudios socioeconómicos, también a cargo del Centro de Convivencia Familiar.
A ello se suman exámenes teóricos, prácticos y de habilidades en el manejo de audiencias, que serán aplicados por la Escuela Judicial, además de la revisión del historial de sanciones administrativas y la observación de que la conducta de la persona juzgadora se mantenga dentro de parámetros éticos y profesionales.
El acuerdo establece que los criterios e indicadores se aplicarán atendiendo a la materia de adscripción de cada persona servidora pública evaluada, considerando las particularidades y exigencias propias de cada función jurisdiccional, con el fin de evitar evaluaciones genéricas o descontextualizadas.
Con este modelo, el Poder Judicial busca contar con un sistema más riguroso de control interno de los jueces, donde la evaluación no solo mida expedientes resueltos, sino también la conducta, la salud emocional, la ética y la capacidad de gestión de quienes tienen en sus manos la impartición de justicia.