La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del estado de Tamaulipas investiga al exgobernador Egidio Torre Cantú y a varios exfuncionarios del gabinete estatal, por su presunta participación en un desfalco de 2 mil 500 millones de pesos contra el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET).
En entrevista, el titular de la FECC, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que están en curso actos de investigación para esclarecer las responsabilidades de diversos servidores públicos, incluidos exsecretarios, subsecretarios, y directores de organismos.
El caso, dijo, está “sumamente avanzado” y en breve se darán a conocer resultados más concretos.
“Estamos analizando la intervención y el grado de responsabilidad o no de muchos funcionarios, hablo de secretarios, titulares de organismos. Hay varios periodos que dejaron de cubrirse durante años y eso afectó directamente a los trabajadores y pensionados del Estado”, señaló.
La denuncia inicial gira en torno al exsecretario de Finanzas Jorge Silvestre Ábrego Adame, así como al exdirector del IPSSET, Cristóbal Rosales, señalados por permitir u omitir el entero de aportaciones que por ley debieron destinarse a las cuentas individuales de los trabajadores del Gobierno estatal.
El daño patrimonial afecta directamente a más de 18 mil pensionados y jubilados del Estado, quienes se encuentran actualmente recibiendo sus pagos, pero no se asegura la solvencia económica de los próximos años, se quedarán sin sus mensualidades.
De acuerdo con la Fiscalía, el mecanismo consistía en retener las aportaciones laborales de los trabajadores, pero no transferirlas al IPSSET, generando un boquete financiero que no ha sido subsanado.
El análisis actual busca determinar qué periodos fueron cubiertos parcialmente, y quiénes fueron responsables de las omisiones.
“Estamos implementando un esquema de análisis en ese caso concreto y realizando nuevos actos de investigación para determinar con precisión cuáles fueron esos montos que dejaron de enterarse y cuáles periodos fueron cubiertos o no con esa obligación del Estado”, explicó.
A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue abierto y no ha sido sobreseído, indicó el fiscal anticorrupción.
Aunque existen otros expedientes que han sido archivados por la prescripción del delito, este proceso en particular sigue en marcha por la gravedad del desfalco.
“Ese caso en particular no se ha cerrado. Hay otros que sí, por el paso de los años, pero este sigue vigente”, subrayó.