Antes de que termine noviembre, entrará en operación la nueva Unidad Especializada contra la Extorsión, dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET).
El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, explicó que la creación de esta unidad forma parte de la estrategia nacional de seguridad pública para enfrentar un delito que ha incrementado en el país y que, hasta el momento, no se ha logrado contener.
"Una vez entregado al Legislativo, el proyecto será analizado y discutido por los diputados para definir su aprobación en el Pleno. El objetivo es mantener una ofensiva constante contra los grupos criminales que usan la extorsión para amedrentar y financiarse", declaró Pérez Sánchez.
Adelantó que la iniciativa será presentada el 24 de noviembre por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien firmará el decreto de creación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica en los nueve principales municipios del estado.
Aunque reconoció que "la incidencia en materia de extorsión es baja en Tamaulipas", señaló que el fenómeno "no deja de ser una preocupación para las autoridades, por lo que se ha tomado la decisión de crear la Unidad Especializada en esa materia en la Fiscalía, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad".
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta finales de septiembre se habían recibido 104 denuncias por el delito de extorsión, con un pico de mayor incidencia entre febrero y mayo, y un repunte en septiembre.
"La extorsión es un problema que afecta a todo el país; los grupos criminales cada día son más creativos, llegan a través de mensajes de hostigamiento en celulares y utilizan nuevas estrategias que antes no tenían. Por eso, debemos estar preparados y listos para combatirlo", afirmó.
La nueva unidad estará diseñada para centralizar recursos operativos y humanos dirigidos al combate directo de quienes se lucran mediante la extorsión.
Asimismo, el delito de extorsión en Tamaulipas se sanciona con hasta 15 años de prisión y multas de 57 mil pesos, de acuerdo con el artículo 426 del Código Penal del Estado.
Cabe recordar que en septiembre de 2025, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 de la Constitución Mexicana en materia de delito de extorsión.
Entre los cambios, se estableció que la persecución del delito podrá iniciarse de oficio, sin necesidad de denuncia formal por parte de la víctima, además de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, perseguir y sancionar las extorsiones, incluyendo modalidades vinculadas a la delincuencia organizada.
Las penas se incrementarán cuando el delito sea cometido por un servidor público, un miembro de las fuerzas policiales o desde un centro penitenciario.
Según Pérez Sánchez, la iniciativa que se presentará permitirá coordinar inteligencia, llevar a cabo operativos de persecución y utilizar recursos humanos especializados; además, dotará a la Fiscalía de herramientas específicas para atender denuncias de extorsión y vincular estos delitos directamente con la delincuencia.