El Congreso local revisará la existencia de empresas de seguridad privada que no cumplen con los permisos oficiales y no cumplen con las obligaciones laborales de sus empleados, adelantó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad, Marco Antonio Gallegos Galván.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), en la entidad hay 121 empresas debidamente registradas con vigencia al 2026 y 2027.
Están autorizadas para operar principalmente en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero, Llera, Altamira, San Fernando, Río Bravo, Mante, Gómez Farías y Soto la Marina.
Entre los servicios se encuentra la vigilancia de inmuebles, traslado y protección de personas, instalación de blindajes para vehículos; traslado y custodia de bienes y valores; y la vigilancia y protección de bienes, valores o personas por medios electrónicos.
Pese a lo anterior, el diputado advirtió que una de las principales problemáticas detectadas es el incumplimiento sistemático de la legislación laboral, particularmente en lo relacionado con la seguridad social del personal de vigilancia.
El legislador reconoció que se trata de una queja recurrente que ha llegado al Congreso desde hace tiempo, al señalar que "primero que cumplan con las leyes laborales, esa es una vieja queja que hemos recibido, que algunas compañías ni siquiera proporcionan seguridad social a sus trabajadores".
Indicó que existen denuncias constantes contra empresas que no garantizan salarios justos ni jornadas laborales reguladas, a pesar de que la seguridad privada es una actividad de alto riesgo.
En ese sentido, subrayó que "obviamente que paguen lo que es justo dependiendo del trabajo que realizan y las jornadas que cumplen sus trabajadores".
Gallegos Galván explicó que otro punto crítico es la operación de compañías que carecen de autorizaciones estatales y municipales, lo que no solo las mantiene fuera del marco legal, sino que representa un riesgo para quienes contratan estos servicios.
Al respecto, advirtió que "tienen que tener la anuencia del municipio y del estado; hay que vigilar muy bien eso porque hemos detectado compañías de seguridad que no cumplen con ninguna regulación".
Ante este escenario, el diputado llamó a particulares, empresas e instituciones a verificar la legalidad de los servicios que contratan, para evitar caer en estafadores.
"Invitarlos a que revisen que tengan todos los permisos correspondientes para que el servicio que reciban sea de manera correcta", expresó.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública señaló que la proliferación de estas compañías irregulares ha generado competencia desleal, afectando directamente a las empresas que sí cumplen con la normatividad vigente y deteriorando la confianza en el sector.
Dijo que "hay empresas serias de seguridad privada que están recibiendo competencia desleal, porque hay empresas patito que se están estableciendo y eso genera problemas para los ciudadanos".
Por último, Gallegos Galván adelantó que el Congreso realizará un diagnóstico integral del marco normativo, con el objetivo de identificar omisiones o vacíos legales y determinar si es necesario realizar ajustes para ordenar y depurar el sector.
"Tenemos de tarea analizar qué es lo que no se está cumpliendo y, si se tiene que modificar la ley, lo haremos".