Mientras los partidos políticos en Tamaulipas se reparten más de 213 millones de pesos de financiamiento público, mantienen oculto lo más básico: cuánto ganan sus dirigentes estatales.
La negativa a transparentar sus sueldos no solo viola la Ley General de Transparencia, también golpea directamente la confianza ciudadana en instituciones que deberían rendir cuentas al ser financiadas con dinero público. Para 2025, el Instituto Electoral aprobó un presupuesto total de 213 millones 76 mil 857 pesos para el financiamiento público de los institutos políticos en la entidad.
En primer lugar se ubica Morena con 86.2 millones, le sigue el PAN con 49.5 mdp, y el PRI con 19.6 millones.
Los aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo reciben 19.6 y 16.2 millones respectivamente. Mientras que Movimiento Ciudadano cobra 22.7 mdp.
Sin embargo, la información pública sobre sueldos y honorarios de dirigentes estatales es escasa o inexistente.
Una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia por EL MAÑANA y a los sitios oficiales de los partidos revela que Morena, PAN, PRI, PRD, PT y Partido Verde no publican los sueldos de sus dirigentes estatales.
No se encontró información sobre el ingreso mensual de la presidenta estatal de Morena, Lupita Gómez Núñez; del coordinador del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano; ni del coordinador del PT, Arsenio Ortega Lozano.
En el caso del PRI, no está disponible el salario de su dirigente Bruno Díaz, ni en el PAN el de Luis René Cantú Galván.
Esta opacidad contrasta con la obligación establecida desde la reforma constitucional de 2014, que mandata a los partidos ,como entidades de interés público, a publicar sus datos financieros y salariales.
La ley también prevé que esta información esté accesible tanto en la PNT como en los portales institucionales de cada instituto político.
Hasta ahora, Movimiento Ciudadano es el único partido que mantiene públicos los ingresos de su dirigencia estatal.
Su coordinador estatal, Roberto Enrique Lee Ponce, percibe un sueldo mensual de 40 mil pesos; el tesorero, Jorge Abraham Rodríguez Estrada, recibe 30 mil pesos y la secretaria estatal, Ana Cristina Vargas Saldaña, cobra 20 mil pesos.
El debate sobre la opacidad partidista volvió a la escena pública tras el polémico viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, y la carta en la que justificó el gasto. Quien también es hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El viaje detonó un cuestionamiento más amplio sobre la falta de transparencia en el manejo de recursos por parte de todos los partidos, no solo del partido gobernante.
Los partidos, además de ser entidades de interés público, son sujetos obligados de la Ley General de Transparencia.
Esto significa que toda su información financiera debería ser pública y accesible para cualquier persona, y los sueldos de funcionarios partidistas son el dato mínimo que debe estar publicado.
Hasta hace poco, cuando un partido político no publicaba su información, cualquier ciudadano podía inconformarse ante el INAI o el ITAIT, que resolvían los casos y podía obligar a entregar los datos.
Sin embargo, con las reformas impulsadas en el actual sexenio federal, ambos institutos fuerln desmantelados y sustituidos por organismos dispersos.
Esto significa que las denuncias por incumplimiento y los recursos de inconformidad serán resueltos dentro de las mismas dependencias.
Con más de 213 millones de pesos asignados para este año, la opacidad salarial de los partidos incrementa la falta de rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
El caso de Movimiento Ciudadano demuestra que es posible publicar los sueldos de los dirigentes.