La entrega de apoyos a los productores tamaulipecos estará condicionada a los resultados que den en sus cosechas, revela un reciente convenio de colaboración firmado entre la Federación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Durante lo que resta del sexenio, hasta septiembre de 2028, establece como condición fundamental que los recursos federales transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se utilicen exclusivamente para apoyar a los productores agropecuarios, sin precisar el monto.
El dinero se transferirá al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tamaulipas (FOFAET), a través del cual Antonio Varela Flores debe comprobar que se ejerza y se haya pagado al menos el 70% del dinero enviado a Tamaulipas, de lo contrario se suspenderá el convenio y no se enviará más presupuesto.
El dinero se debe invertir en sanidad vegetal y animal, inocuidad alimentaria, bioseguridad, uso de semillas certificadas, atención a desastres naturales, producción orgánica, información estadística y mitigación de cambio climático.
“Se busca fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas para que mejoren sus procesos productivos y organizativos”.
La firma de este convenio se dio de forma simultánea en las 32 entidades del país, sin embargo, en Tamaulipas se da en medio de una crisis donde los productores bloquearon las carreteras y el puente internacional Reynosa-Pharr para exigir precios justos para el sorgo, y demás apoyos.
Lo que derivó en la detención de Guillermo Aguilar Flores, presidente del frente estatal de productores agropecuarios, quien presuntamente encabezó las protestas, a quien se le imputan los delitos de bloqueo de las vías de comunicación.
El blindaje del presupuesto por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum busca frenar la subutilización del presupuesto, así como garantizar que los apoyos al sector rural lleguen con oportunidad y se destinen conforme a los objetivos del convenio.
Además, el documento prohíbe el uso político o propagandístico de los apoyos al campo, al estipular que “en ningún caso (la propaganda) incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen su promoción”.
Asimismo, obliga a la secretaría a publicar los listados detallados de beneficiarios con desglose por sexo, edad, municipio, localidad, tipo de apoyo y monto otorgado, a fin que sea información pública para evitar un posible mal uso del recurso y los apoyos gubernamentales.