Al final del siglo XIX, tras la pérdida de las colonias de ultramar, el diagnóstico parecía claro: el Estado español no estaba a la altura de los tiempos. Para dar respuesta a problemas estructurales que lo corroían y que no había forma de abordar —reclamaciones sociales, las de autonomía política en Cataluña, la corrupción endémica protegida por el turnismo— era necesaria una refundación. Para acometerla, como venía ocurriendo en otras democracias burguesas, uno de los desafíos era la invención de una nación moderna que tuviese máxima capacidad de persuasión y cohesión. Dicho con otras palabras: era fundamental crear e imponer un relato histórico desde las instituciones del propio estado y a través de ellas solidificar una nueva identidad nacional. La previa identidad dominante, ligada a la idea de imperio como fuente de legitimación no del pueblo sino de la monarquía, había dejado de ser operativa tras la derrota del 98.
Desde el estado, de entrada, las iniciativas adoptadas para rescribir el relato fundacional de la nación privilegiaron valores asociados a la resistencia heroica y el sacrificio por la patria. El caso ideal para ser convertido en lugar de memoria era Numancia. “Sin disputa, el acontecimiento más memorable de la España antigua es el sitio de Numancia, cuyas veneradas ruinas y cuyo heroísmo ya legendario constituyen una de las páginas más gloriosas de la historia patria”. Lo escribió un senador en 1904 en un informe dirigido al Ministerio de Instrucción Pública para solicitar la construcción de un monumento conmemorativo de la gesta. Allí se presentó al cabo de un año Alfonso XIII para inaugurarlo. Su nombre aparecía junto a los jefes numantinos en una fusión política de pasado y presente. De acuerdo que después el monarca no apareció por las excavaciones, que realizaban arqueólogos extranjeros, y prefirió ir a cazar al paraje de Cidones, pero el objetivo nacionalizador se estaba cumpliendo: se atravesaba “un rebrote de nacionalismo científico, sustituyendo la línea argumentativa imperial por la exaltación de la independencia como eje del discurso narrativo”.
El de Numancia es uno de los múltiples hitos que el profesor Francisco Gracia Alonso estudia en Ciencia y política, un libro de erudición monumental. Su objeto de análisis es árido y parecería exclusivamente académico: la reconstrucción del inicio y despliegue de los estudios de arqueología en España desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra Civil. Lo busca todo. Identifica el momento en el que cuaja la noción de patrimonio nacional, rebusca en la actividad de las reales academias o la creación de museos, lista las excavaciones que se realizaron, ve los intereses gremiales en acción o analiza incluso la memoria de los opositores a las primeras cátedras. Y, naturalmente, disecciona tensiones entre nacionalismos, que, con Prat de la Riba como ideólogo, ya vio en La construcción de una identidad nacional y que aquí merecen un gran capítulo a propósito de la creación de la Escuela Española en Roma. ¡Que no lleguen antes los catalanes! La suma de fósiles que desentierra y analiza con lupa le permiten iluminar la aclimatación de la ciencia en España y las tensiones ideológicas que ese proceso puso en juego. ¿Solo ruinas? La investigación podía consolidar, pero también convulsionar, estructuras políticas obsoletas.
Otro libro académico, con algo menos de erudición y profundidad, cuenta una historia paralela: El orden de las palabras, de Mario Pedrazuela. Si la expedición militar francesa a Egipto a caballo de los siglos XVIII y XIX o las intervenciones en Pompeya abrieron el camino para la investigación arqueológica moderna, el estudio del sánscrito activó la modernización de los estudios sobre la lengua con voluntad científica. Para los padres fundadores de la filología europea, explica, el primer reto era transformar unos estudios que tradicionalmente buscaban un mejor uso de la lengua en una disciplina que permitiese analizar la lengua usando el método del comparativismo y la teoría darwinista.
A partir de ese pilar científico, de entrada, se pretendió establecer leyes para fijar el origen y la evolución de las lenguas. Con la lengua y el origen hemos topado. “La identificación entre lengua y pueblo tuvo unas consecuencias políticas de gran relevancia que facilitaron el asentamiento de la lingüística”. Pocos combustibles más potentes para la institucionalización de la nación. “Los filólogos, auspiciados en muchos casos por los propios Estados, publican gramáticas, diccionarios, recopilaciones de textos populares en sus lenguas, realizando así una labor fundamental para determinar los nacionalismos europeos del siglo XIX”.