CIUDAD DE MÉXICO.
La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha persistido en su negativa de dar acceso a información relacionada con el caso Odebrecht y a desinstalar de sus sistemas el software espía denominado Pegasus. En el caso de Odebrecht, el desacato que viene desde la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, y se ha dado pese a que el INAI es la máxima autoridad en materia de transparencia y sus resoluciones son definitivas e inatacables para las instituciones y servidores públicos. Sin embargo, la agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación y sobre quien recayó la responsabilidad directa de dar cumplimiento a la resolución del INAI, emitida el 2 de octubre de 2018, tramitó una demanda de amparo argumentando que el Instituto no le dio derecho de audiencia. De acuerdo con fuentes consultadas, de existir voluntad de parte de la FGR, bastaría con que Gertz designara a otro responsable del caso para que éste pudiera entregar la información requerida, ya que la demanda de amparo sólo atañe a la agente que la promovió.
Lo que el INAI resolvió en el expediente RRA 4436/18 fue que la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) dé a conocer en versión pública las actuaciones que el Ministerio llevó a cabo en las investigaciones relacionadas con las firma brasileña, cuyos directivos confesaron haber pagados sobornos en México. Respecto de Pegasus, el INAI actuó en su carácter de autoridad protectora de datos personales luego de que se diera a conocer que este programa de origen israelí había sido utilizado para espiar a activistas y periodistas. Entre otras cosas, el Pleno del Instituto ordenó, el 20 de febrero del 2019, que la FGR acreditara que había desinstalado el software del equipo que estaba en posesión de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y que dicho software no estaba instalado en algún equipo de la institución.
No obstante, la Fiscalía indicó que estaba impedida para cumplir con esta resolución debido a que la la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que pertenece a la propia Fiscalía General, aseguró el equipo en virtud de una investigación que está realizando.