Esa acción, subrayaron, representa “uno de los más graves retrocesos en materia de garantía y respeto a los derechos conquistados por las infancias en México”.
En un pronunciamiento --firmado por 127 organizaciones sociales y 107 expertos-- recordaron que la creación del Sipinna responde a recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, así como a la Constitución, que en su artículo cuarto establece la obligación de todas las autoridades del Estado a garantizar el interés superior de la niñez en todas las políticas públicas.