Hace poco que la economía mexicana, al igual que las del resto de Occidente, ha empezado a incluir en sus procesos de mercado los costes derivados de la extracción de recursos del planeta. Lo ha hecho por decisión propia de los oferentes, por petición de los demandantes, o (las más veces) por imposición del regulador estatal. Se ha abierto con ello en México el ineludible debate de cómo cubrir la deuda que hemos adquirido durante generaciones con nuestro planeta. Y lo ha hecho en un momento político que exacerba las tensiones que supone el responder a esta pregunta.
La más inmediata de estas tensiones depende de cómo decida la sociedad atribuirle valor a dicha deuda. Son dos las posiciones típicas con las que uno se topa: por un lado, muchos defienden que es una cuestión de moral, de educación. Una vez la sociedad esté concienciada del coste medioambiental en nuestros patrones de consumo, el ajuste en los hábitos tendrá lugar. Este suele ser el enfoque de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores respecto a multitud de temas: la loa constante de un pueblo moralmente virtuoso que se comportaría de acuerdo a una serie de criterios éticos. Otros, más pesimistas (y, a la luz de los datos que veremos a continuación, más realistas), consideran que es necesario que el precio de las cosas refleje la deuda con los recursos.
Tomemos, por ejemplo, un recurso cuya escasez se hace cada vez más evidente: el agua. Sobre todo para las personas que habitan en regiones de alto riesgo de ascenso de las temperaturas. En México, como cabría esperar, la gente que percibe un peor servicio de agua está bastante menos de acuerdo con pagar más, y viceversa. El primer grupo, por su parte, termina adquiriendo agua embotellada en proporciones sustancialmente mayores, con el consiguiente daño al medioambiente (que, por cierto, acaban asumiendo en mayor proporción los hogares de renta más baja, que disponen de menos recursos económicos).
Le quedan, en definitiva, dos tareas al gobierno de AMLO si pretende seguir con su política de corte desarrollista: internalizar los costes medioambientales centrándose en las capas acomodadas de la sociedad, y asegurarse de que la provisión de los servicios de impacto sea lo suficientemente buena como para fomentar el compromiso del conjunto de la ciudadanía (lo cual, por supuesto, tendrá sus propios costes asociados). Ninguna de ellas será nítidamente ganadoras. Pero el trabajo de un líder no se debería limitar a ‘seguir a sus seguidores’. Los datos sugieren que, si bien no mucho, sí existe algo de espacio para pasar la cuenta de lo que la sociedad le está debiendo al territorio.