México - 02 JUL 2021 - 22:18 CDT
Una frase repetida mil veces no siempre se convierte en una verdad. Especialmente si la realidad se muestra tan rotunda, como los dos hombres crucificados, las masacres y colgados de puentes estas semanas en Zacatecas, la cacería de inocentes en Tamaulipas y el regreso de los peores tiempos de Tijuana (Baja California). Pero antes en Guanajuato, en Michoacán o en Guerrero. La lista de Estados con episodios de extrema violencia, controlados de facto por el crimen organizado y sus guerras intestinas cuestionan la estrategia de combate al narcotráfico por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, sobre todo, refutan de manera tajante la máxima de su discurso: “El país está en paz”.
Cuando López Obrador tomó el poder en 2018 prometió acabar con la guerra contra el narcotráfico que había sembrado de cadáveres el territorio nacional, una etapa oscura de ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos entre los cárteles de la droga que no solo no frenó al narco, sino que aumentó la cifra de sangre. Su eslogan de campaña, “Abrazos y no balazos”, prometía un modelo diferente por el que la población no pagara con su vida. No obstante, el presidente enfrenta una de las épocas más violentas de la historia del país.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctora en Psicología y Antropología social Cecilia López Pozos, que ha estudiado las consecuencias psicosociales de la violencia en la zona del Altiplano mexicano, advierte de los efectos para las comunidades expuestas a estos niveles de estrés. “El tipo de violencia es la continuación de un código perverso en relación con el tipo de muerte. El modo de morir de los narcos o enemigos es un código terrorífico, y este código básicamente tiene un objetivo: por un lado, el control social; y por otro lado, someter a un miedo sistemático a toda la población”, señala.
La investigadora ha detectado “un repliegue social”, resultado de la persistencia prolongada de altos niveles de violencia. “Se ha perdido la confianza. Es una de las peores consecuencias. Se rompe la comunidad, hay una fractura social en la credibilidad entre todos nosotros”, explica. Además, la población llega a adaptarse a un modo de vivir que “nada tiene que ver con la condición humana”. Y concluye: “Estamos viviendo un trauma colectivo”.
La ley del más fuerte se ha apoderado de Zacatecas y Tamaulipas como antes sucediera en Chihuahua, Baja California, Guerrero, Michoacán, Guanajuato. El saldo final de muertes a nivel nacional puede que concluya con un estancamiento, pues la cifra de 100 asesinatos al día es lo suficientemente alta. Desde la tarima presidencial se celebrará una “contención de la violencia”, como se ha hecho en los últimos meses. Pero los pueblos en llamas, la cacería de inocentes, la exhibición pública del terror con colgados de puentes y el último episodio reciente, dos crucificados en Zacatecas, alerta inevitablemente al Gobierno y al país de que más allá de los datos, la pesadilla continúa.